Puebla fue la segunda entidad del país con más empresas víctimas de corrupción durante 2023, destacaron las organizaciones DataCoparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Así lo arrojó la última Encuesta Nacional sobre Experiencias de Corrupción en Empresas aplicada entre 36 mil socios de Coparmex, distribuidos en 68 centros empresariales en todo el país.
A nivel nacional, el 48 por ciento de las empresas señalaron que un servidor público -sin precisar su nivel de gobierno- o una tercera persona les había solicitado algún beneficio —como dinero, regalos o favores— para realizar, agilizar o evitar trámites, multas o pagos durante 2023.
Este porcentaje es el más alto reportado por las empresas durante los últimos 6 años que Data Coparmex ha levantado esta encuesta y representa un incremento de 23 por ciento comparado con 2022, cuando la incidencia fue de 39 por ciento.
Sin embargo entre las entidades, la mayor incidencia se concentró en Baja California (67%), Puebla (65%), Quintana Roo (64%), Tlaxcala (63%), Sinaloa (63%) y el Estado de México (60%).
Mientras que las entidades con menores índices fueron Guanajuato (35%), Querétaro (32%), Tamaulipas (32%), Coahuila (28%) y Durango (19%).
Por zonas, se indicó que en las entidades del centro del país se reportó la mayor incidencia: 58% de las empresas experimentaron un soborno.
Le siguieron los estados del noroeste (53%), del sureste (52%) y del occidente (45%).
En contraste, en los estados del noreste los negocios reportaron una incidencia sensiblemente menor, de 32%.
Las tres razones principales señaladas por las empresas para participar en un acto de corrupción fueron directamente vinculadas con interacciones con las autoridades: agilizar trámites fue la explicación principal para 59% de las empresas involucradas, seguida de obtener licencias o permisos para el 39% y, por último, para evitar multas, sanciones o clausuras, en 31% de los casos.
A pesar del crecimiento en la incidencia de corrupción, 73% de los empresarios decidieron no denunciar ante las autoridades.
Las dos justificaciones más importantes para no presentar una denuncia son que los empresarios lo consideran un acto que no sirve para nada y, de manera preocupante, el temor a represalias. El miedo a las consecuencias de denunciar ha crecido un 65% en comparación con el año anterior.
En el caso de las empresas en que sí se denunció, únicamente 4% de los casos tuvieron un proceso en que se investigó y sancionó al responsable.
Data Coparmex y MCCI señalaron que la encuesta contiene aspectos positivos que muestran algunos de los pasos que ya se han dado desde el sector privado.
Por ejemplo, 51% de las empresas cuenta con un código de ética, 29% tienen algún proceso de auditoría interna y 23% tienen una política anticorrupción específica.
Sin embargo, existe todavía un espacio de mejora para el 20% de las compañías que reconoce no contar con ninguna medida interna para disminuir los riesgos de corrupción.
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Foto: especial
gse