México.- El análisis técnico de la iniciativa de reforma al Poder Judicial del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, destaca que la consecuencia inmediata será el cese de mil 665 integrantes del Poder Judicial Federal, entre ministros, magistraturas y judicaturas.
El investigador César Astudillo da a conocer que la reforma contempla un régimen transitorio para la primera integración del nuevo Poder Judicial a través de una elección extraordinaria, que debería llevarse a cabo dentro del primer año posterior a la entrada en vigor de la reforma.
“Lo significativo del caso es el efecto que se le confiere a dicha elección y a la toma de protesta de los ministros, magistraturas y judicaturas elegidas, que no es otro que el cese inmediato de sus actuales titulares y el desplazamiento de la garantía de inamovilidad”.
Considera que los ministros que dejen el cargo no tendrán derecho a retiro. “Los ministros que dejen el encargo no tendrán derecho al haber de retiro con que sí cuentan los ministros en retiro”.
La reforma, también conocida como “Plan C Judicial” implica un cambio estructural: Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y sus funciones pasarían a un “Órgano de Administración Judicial” y un “Tribunal de Disciplina Judicial”.
Se modifica la estructura y organización de la Suprema Corte, se acorta el periodo de los encargos de ministras y ministros de 15 a 12 años, y se reduce la integración del Pleno de 11 a 9 ministros y se desaparecen las Salas.
Para el investigador Javier Martín Reyes, el esquema propuesto para elegir por voto popular a ministras y ministros de la Suprema Corte pretende el control político en diferentes etapas del proceso.
El Senado deberá emitir la convocatoria para las elecciones, validar las candidaturas y hacer la “suma” de los cómputos de la elección.
El Poder Ejecutivo postulará a 10 aspirantes, el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y el Senado otros 10 candidatos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 10 más.
El investigador Jesús Garza Onofre considera que la reforma desataría una “profunda incertidumbre respecto a su implementación”, sobre todo, “porque no existe plan alguno”.
Concluye que “en la práctica, más que impactar la efectividad en la impartición de justicia, terminarán, triste y lamentablemente, perjudicando de forma directa a las personas justiciables.”
Por tal motivo, a través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado por académicos del IIJ y otras personas, no representa el posicionamiento de la universidad, ni el sentir de la comunidad universitaria.
Subraya que los textos solo representan la opinión de los autores y próximamente convocará foros académicos para realizar una discusión sobre el tema, abierta y plural.
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