La empresa canadiense Almaden Minerals inició un procedimiento legal, a nivel internacional, para reclamar una indemnización de al menos 200 millones de dólares por las concesiones mineras que le fueron canceladas en el estado de Puebla.
La solicitud de arbitraje se presentó contra el gobierno de México, ante el Centro Internacional de Solución de Diferencias Relativas a Inversiones, bajo el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).
La Secretaría de Economía a nivel federal negó la autorización a la minera para realizar actividades en el municipio de Ixtacamaxtlán, al norte del estado de Puebla. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló dos concesiones a la empresa y en 2023 también se negaron permisos en juzgados federales.
Ahora, Almaden acusa a México de violar sus obligaciones bajo el CPTPP a través de acciones que bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y finalmente rescindió retroactivamente las concesiones mineras de la Compañía, causando la pérdida de las inversiones en Puebla.
La empresa señaló en un comunicado que inició el período de consulta de seis meses requerido por el CPTPP el 13 de diciembre de 2023 y hubo una reunión de consulta el 30 de mayo de 2024, “pero no resultó amistosa”, por lo que notificó su intención de presentar un reclamo contra México.
Duane Poliquin, presidente de Almadén, señaló que el proyecto Ixtaca estaba listo para convertirse en un “éxito significativo” para los accionistas, las comunidades locales y México, sin embargo, ahora recurre al arbitraje internacional.
“Lamentamos este resultado por los accionistas, quienes aún pueden ver algún beneficio del descubrimiento mientras llevamos a cabo este arbitraje. Sin embargo lamento en gran medida este resultado para la población local, con quienes hemos trabajado muy estrechamente durante las últimas dos décadas, y quienes se han convertido en nuestros amigos. Ahora no ganarán nada con el proyecto Ixtaca desarrollado y diseñado con su ayuda”.
Tras el descubrimiento de oro y plata en 2010, se estimó una producción anual promedio de 108.500 onzas de oro y 7,06 millones de onzas de plata (203.000 onzas de oro) durante los primeros 6 años.
Si el proyecto hubiera continuado, la empresa estimó que las contribuciones económicas incluirían aproximadamente 600 empleos durante el pico de construcción y 420 empleos durante los 11 años de vida útil de la mina.
“Suponiendo precio base de los metales, el proyecto podría haber generado aproximadamente 130 millones de dólares en impuestos federales, 50 millones en impuestos estatales y 30 millones de dólares en impuestos municipales.
Como parte de los requisitos del CPTPP, la compañía presentó una estimación inicial y preliminar de los daños que suman al menos 200 millones de dólares estadounidenses, los que ahora reclama como indemnización.
La empresa indicó a sus accionistas que dispone de unos 9.5 millones de dólares para el financiamiento de los litigios.
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Foto: especial
gse