La diputada Susana Prieto Terrazas (sin grupo parlamentario) anunció que la marcha nacional para exigir la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no se cancelará, a pesar de coincidir con el Sexto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, programado para el 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, informó que la movilización se realizará en más de 32 ciudades del país, y en la capital los contingentes se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las 9 de la mañana, como medida para evitar la aglomeración causada por el informe presidencial.
"La respuesta es no, no se va a cancelar la marcha. Hemos estado a lo largo y ancho de la República Mexicana promoviendo esta marcha nacional desde hace aproximadamente 3 meses en redes sociales", aseveró.
Destacó que esta manifestación busca presionar al Poder Legislativo para aprobar dicha reforma, una demanda que ha sido ignorada a pesar de contar con el apoyo de millones de trabajadores. "Este dictamen está listo para ser votado desde el 25 de abril del 2023, mucho antes que las iniciativas presidenciales”.
Por su parte, Humberto Martínez Brizuela, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expresó su respaldo a la reforma ya que "uno de cada cuatro trabajadores tiene esa magnitud de la jornada laboral”, lo cual no le permite tener espacio para el esparcimiento y descanso.
En su oportunidad, la activista Sara Sánchez criticó la falta de voluntad política para aprobar este dictamen. "México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más trabaja en el mundo y esto no está garantizando que tengamos mejores condiciones de vida y estabilidad laboral y económica, todo lo contrario".
La marcha del próximo 1 de septiembre tiene como propósito visibilizar la demanda por la reducción de la jornada laboral y dignificar la vida de las y los trabajadores en México, subrayó.
La diputada Susana Prieto aprovechó la ocasión para denunciar las condiciones laborales precarias de los asesores en la Cámara de Diputados, quienes han sido obligados a firmar contratos de prestación de servicios profesionales en lugar de contratos formales, lo que les niega derechos laborales.
"No se les ha hecho justicia, por lo menos a mis asesores (…) no les han pagado a ninguno de los asesores ni su liquidación ni les pagaron salarios. Vamos a seguir pugnando por ellos más allá del 31 de agosto", expuso.
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Foto: especial
gse