Tras casi nueve horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente e integrada por personal militar, dependiente del ramo de Defensa Nacional.
En lo general, se avaló sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; y 42 en contra del PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.
En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.
Alejandro González Yáñez, del PT, señaló que el PAN involucró al Ejército en tareas de seguridad pública sin un marco jurídico adecuado, pero “nosotros no queremos que la Guardia Nacional” se descomponga como pasó con la Policía Federal, que tenía bajo su mando a Genero García Luna.
Posteriormente, en el pleno del Senado, los Grupos Parlamentarios fijaron su postura en torno al proyecto de decreto.
Por Morena, Omar García Harfuch destacó que ante las condiciones de algunas comunidades -que no cuentan con policías suficientes-, y el poder de fuego de la delincuencia organizada, se requiere forzosamente a la Guardia Nacional para lograr la pacificación del país. Un retroceso en la consolidación de esta institución -advirtió-, implicaría empezar de cero en la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad.
Francisco Javier Ramírez Acuña reiteró que Acción Nacional votaría en contra del dictamen, porque “no estamos de acuerdo en que las autoridades civiles, responsables de la inseguridad pública, trasladen la solución de los problemas a las Fuerzas Armadas”, una estrategia que después de 18 años ha demostrado su fracaso.
Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que, “con la militarización” de la Guardia Nacional “el oficialismo está confesando su incapacidad” de darle seguridad a México, pues busca culpables en el pasado y quiere que el Ejército cargue con su “incompetencia”; mientras el gobierno siga “improvisando”, señaló, la gente seguirá “sufriendo” en las calles.
Juanita Guerra Mena, del PVEM, se pronunció a favor de trasladar la confianza que el pueblo de México le tiene a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, y de contar con un marco jurídico que respalde su actuación en esta materia.
En tanto, Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, dijo que, para garantizar la pacificación del país, es necesario que la Guardia Nacional se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ello aseguraría preparación, disciplina, profesionalismo y que se blinde contra cualquier esfuerzo que pretenda corromperla.
Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano señaló que la minuta no brinda una solución de fondo, estructural, ni duradera en materia de seguridad, pues “fractura” la separación entre el poder civil y el militar, lo que “distorsiona” el diseño institucional del Estado mexicano.
En lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano registraron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, las cuales se integrarán al Diario de los Debates, pero no fueron aceptadas por la asamblea.
Desde la tribuna, Ivideliza Reyes Hernández, de Acción Nacional, insistió en que la reforma constitucional a la Guardia Nacional no sólo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que también desafía los principios democráticos.
De esta forma, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, por lo que, en punto de las seis de la mañana con 29 minutos, la reforma constitucional fue aprobada en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales.
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Foto: especial
gse