La inclusión educativa en México es una característica del derecho humano a la educación establecida en la Constitución, pero la mayoría de las escuelas de educación básica y media superior carecen de la infraestructura adecuada para estudiantes y docentes con discapacidad.
Ante este reto, la organización Mexicanos Primero hizo un llamado a las y los legisladores, a través de la campaña #ÉchaleunOjo al presupuesto para aumentar los recursos asignados a las escuelas en 7 mil 571 millones de pesos para adaptar la infraestructura de cada plantel y garantizar que todas y todos, sin excepción, puedan ejercer su derecho a aprender.
Destacó que Aguascalientes es el estado con mayores avances en infraestructura inclusiva, mientras que los estados con menos progreso son Michoacán, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí, donde más del 80 por ciento de los planteles no están adaptados para personas con discapacidad.
La campaña hace un llamado a la Cámara de Diputados para que en el paquete presupuestal, que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum a más tardar el 15 de noviembre, se destine una bolsa de recursos para adaptar las escuelas con señaléticas en braille, rampas accesibles y barandales adecuados para posibilitar un acceso equitativo a todas las personas y una educación inclusiva.
Un análisis realizado por Mexicanos Primero sobre la inversión necesaria para cubrir las necesidades de infraestructura de las escuelas públicas destaca que menos del 30% de las escuelas de preescolar a educación media superior cuentan con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad, temporal o permanente.
Los niveles más críticos se observan en preescolar y primaria comunitaria, donde solo el 1.4% y 1.2% de las escuelas, respectivamente, cuentan con infraestructura adecuada.
Esto quiere decir que las escuelas no pueden cumplir con el mandato constitucional de inclusión debido a la falta de infraestructura adaptada. “Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación”, señala el inciso f del artículo 3 de la Constitución.
Para calcular la inversión requerida se estimó el costo utilizando 9 metros lineales de barandales y rampas para las escuelas de servicio indígena, comunitario y telesecundaria por ser inmuebles pequeños y 18 metros lineales para los planteles urbanos, utilizando el costo para rampas y barandales para personas con discapacidad publicado por INIFED en noviembre de 2017. Este se actualizó por la inflación acumulada de diciembre de 2017 a febrero de 2024.
La inversión total de 7 mil 571 millones de pesos se tendría que hacer por única vez. Posteriormente, se requiere presupuestar el mismo monto por concepto de mantenimiento que se estima en 36,794 pesos para todos los planteles de educación básica y media superior; esto para que la infraestructura adaptada para personas con discapacidad esté en óptimas condiciones.
Datos del INEGI indican que en México, las personas con discapacidad ascienden a 7 millones 168 mil 178, de las cuales cerca de 900 mil (13%) son niñas y niños de 0 a 14 años.
La creación de entornos accesibles, asegura el estudio de la organización, no sólo derriba barreras físicas y tecnológicas, sino que también garantiza el acceso equitativo a la educación, asegurando que las y los estudiantes, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente en el proceso de aprendizaje. Este enfoque no solo responde a un mandato legal, sino que se convierte en un imperativo ético que aboga por la inclusión y el respeto a la diversidad.
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Foto: especial
gse