Pahuatlán, Pue.- Pese al rechazo que ha generado en las comunidades indígenas, el presidente municipal de Pahuatlán Arturo Hernández Sánchez anunció que el ayuntamiento otorgará las licencias necesarias para la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada y ha minimizado sus impactos, además de que amenazó con la cárcel a algunos de los opositores.
Demandan a misión de la ONU que México cancele gasoducto Tuxpan-TulaIndígenas denunciarán a Deselec por violar sus derechos en la Sierra NorteLo anterior fue dado a conocer por miembros del Consejo Shingu Yamui, que reúne a pobladores de la sierra otomí-tepehua de los estados de Puebla e Hidalgo que serán afectados por la tubería a quienes el munícipe adelantó que “no les extrañe que empiecen a llegarles órdenes de aprehensión” y que el ducto es sólo el primero de cinco megaproyectos que se realizarán en su territorio, aunque no les dijo cuáles son.
El alcalde además, dijeron, ha tratado de convencerlos de que el gasoducto “no representa peligro, ni riesgo y que después de que lo entierren la gente podrá seguir sembrando y viviendo como si nada” a pesar de que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas diarios por 283 kilómetros y estará conectado con la línea de gas submarina Texas-Tuxpan.
Indicaron que el pasado 29 de agosto realizó una reunión a “puerta cerrada” con las autoridades de las comunidades de Ahuacatitla, Montellano, Cruz santa, Cuauneutla, Zoyatla y Los Ángeles, en la que participaron empleados de TransCanada y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno “porque sabemos que les encargaron que junten a la gente y que las convenzan de que no habrá ningún peligro”.
“No hay que alborotar a la gente, no hay que espantarla. Les dijeron que los que no queremos la tubería estábamos locos. Que el ducto va a pasar porque va a pasar como dijo el diputado Carlos Barragán y que a los alborotadores nos pueden meter a la cárcel. Aunque la gente se espanta con esas cosas, vamos a seguir luchando. A ver cómo nos va”, expresaron.
Señalaron que fue en Ahuacatitla donde el presidente municipal les dijo que “éste es el principio de muchos proyectos que están en puerta y que en cuanto le llegue la última orden, él va a firmar el cambio de uso de suelo y que ahí se acaba todo. Que sólo somos 150 personas las que no queremos el gasoducto y que para detenerlo se necesitan más. Por eso no le importamos nada”.
Al presidente, dijeron, no le creemos nada y tampoco al juez de Ahuacatitla Rosalino Mendoza López “él está desconocido porque no nos protege y se reúne con la empresa y con Gobernación”.
Añadieron que tanto TransCanada, que se presenta como Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, como Gobernación andan buscando quiénes son los líderes del movimiento de rechazo al gasoducto, y afirmaron que saben que ya los tienen “muy fichados”.
“Nos van a querer hablar con el dinero. Da tentación, pero no vamos a caer, pues sabemos nuestro objetivo: tengo a mis hijos y quiero lo mejor para ellos. No tengo dinero, pero no les vamos a dejar una tierra desértica”.
Además, señalaron, ya empezaron algunas represalias: por ejemplo se ha excluido del reparto de despensas a todos los que participan en el movimiento.
En el caso de Zoyatla, los pobladores enfrentaron al alcalde Hernández Sánchez durante la clausura de cursos de las escuelas en julio pasado. Le dijeron que los empresarios se quieren aprovechar de las necesidades de la gente, que han usado a las “autoridades ambiciosas y entonces el presidente sintió como un baño de agua fría y respondió que quienes se oponen al ducto son minoría. ‘Solo son cinco y se necesita mucho más para que puedan parar esto’”.
La gente le cuestionó si tenía un programa de protección civil para el caso de que hubiera una explosión o la gente se intoxicara con el gas que transportará la tubería y el alcalde les respondió “que no hay riesgos, que podíamos hacer nuestra vida normal. Y que el caso de los albergues y qué hacer si hay accidentes no le corresponde al municipio, sino a la empresa”.
Los opositores al ducto anunciaron que este lunes entregarán un pronunciamiento al gobierno del estado que encabeza Rafael Moreno Valle para exigirle la cancelación definitiva del gasoducto Tuxpan-Tula y el respeto a su territorio, los bienes naturales, su cultura, sus tradiciones y costumbre y su vida.
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