San Pedro Cholula, Pue.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional presentada por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula contra los poderes Legislativo y Ejecutivo de Puebla por considerar que violentan la autonomía municipal con la reforma de la fracción VI artículo 12 de la Constitución local que permiten a la administración estatal controlar el servicio del agua potable en los municipios.
La demanda interpuesta el lunes 13 de febrero ante la Oficina de Certificación Oficial y Correspondencia de la SCJN fue colocada desde el jueves 16 de febrero en la lista de controversias que debe analizar el máximo órgano de justicia federal, aunque hasta hoy lunes el presidente municipal, José Juan Espinosa Torres dio a conocer su admisión bajo el expediente 53/2017.
La controversia fue planteada por la síndico, Esperanza Estela Chilaca Muñoz y el director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula, Mauricio Arriaga Rivas, contra el Congreso del Estado, el poder Ejecutivo, el Subsecretario General de Gobierno y el director del Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Ambos servidores públicos municipales impugnan un único punto: “la inconstitucional reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla, en lo referente a la fracción VI del artículo 12, realizada mediante decreto de Reforma que fue aprobada por el Congreso del Estado de Puebla el 27 de enero de 2017, misma que violenta flagrantemente la autonomía del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, expresando que tanto el Congreso del Estado, el Gobernador del Estado y el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, se han negado rotundamente a entregarnos un ejemplar del mismo..”
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, instruyó enlistar y registrar la controversia constitucional 53/2017 y procederá a la designación del Ministro Instructor que se encargará de la resolución.
El lunes de la semana pasada, el alcalde José Juan Espinosa Torres argumentó que la reforma del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla es anticonstitucional y viciada de origen de forma y fondo, pues abre la posibilidad de que la administración estatal controle el servicio de agua potable, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución Mexicana otorga exclusivamente esta facultad exclusiva a los gobiernos municipales.
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