Pegada con cinta adhesiva en la puerta trasera del Congreso, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, dejó una contrapropuesta de modificación a la Constitución Política del Estado de Puebla que pretende impedir la privatización del agua potable en la entidad.
Tras encontrar las puertas cerradas de la sede del Poder Legislativo Local y denunciar que los diputados incumplen con recibir las demandas ciudadanas, colocó en este lugar hojas membretadas del ayuntamiento con la conclusión de los foros públicos organizados por su administración en Cholula, Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde y el zócalo de la ciudad de Puebla.
La iniciativa para reformar el párrafo 12 del artículo sexto es “establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este servicio no podrá ser privatizado ni concesionado”.
“Es una vergüenza que el Poder Legislativo no escuche a la sociedad”, gritó José Juan Espinosa Torres con ayuda de un altavoz, antes de cantar el himno nacional acompañado por funcionarios del gobierno municipal y asistentes al foro realizado desde la mañana frente a la fuente de San Miguel.
Antes, el edil de San Pedro Cholula retó al gobernador Antonio Gali Fayad a permitir el análisis y posible aprobación de la contrapropuesta presentada como conclusión de los primeros foros convocados en defensa del agua potable en Puebla.
“Si Gali es un hombre de palabra y que cumple sus compromisos no se opondrá a la propuesta”, señaló, tras recordar que el mandatario estatal utiliza medios de comunicación y diversos escenarios para afirmar “categóricamente” que no se privatizará el agua en Puebla.
Con la voz ronca de tanto gritar, Espinosa Torres envió un “mensaje claro” a Antonio Gali: “No somos alborotadores, ni esquizofrénicos, como calificaron los diputados, porque la privatización del agua no es una ficción ni una mentira, es una realidad, pues desde junio de 2014 miles de recibos de cobro de una empresa privada llega a las casas de los vecinos de la capital”, sostuvo.
Ante unos 300 habitantes de la Angelópolis y de municipios conurbados, el presidente municipal de San Pedro Cholula llamó a continuar el movimiento en defensa del agua y acusó al vocero del gobierno estatal Javier Lozano Alarcón de comprar, amenazar y utilizar la Auditoría Superior del Estado como “garrote político” contra los presidentes municipales con tal de “proteger un negocio de miles de millones de dólares” que se concretaría al convertir el líquido vital en una fuente de riqueza, de control político y económico.
Asimismo, denunció que también los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están recibiendo presiones de grupos políticos muy fuertes, como la familia Hank, socia de Concesiones Integrales, para rechazar la controversia presentada por doce ayuntamientos para revertir la modificación de la Constitución local que faculta al gobierno estatal a manejar o concesionar el agua potable.
En su oportunidad, la contralora en el gobierno de San Pedro Cholula, Norma Pimentel, mencionó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no encuentra una razón legal para privatizar el servicio establecerá mecanismos para tutelar este derecho legítimo que está garantizado en la Constitución Mexicana.
En tanto, el economista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Eudoxio Morales Flores, aseguró que la concesión del agua potable en la capital dejará a la empresa beneficiada ganancias por cerca de 72 mil millones de pesos en 30 años, después de invertir solo mil 300 millones de pesos para obtener el manejo y cobro del servicio por parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
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