Puebla, Pue.- La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Nora Merino Escamilla, confirmó que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Ley de Desaparición de Personas no se discutirá en la LX Legislatura, sino heredarán el tema a la siguiente que arrancará el 15 de septiembre.
Diputados piden a la SEP evitar festejos de fin de cursoDiputado pide analizar Ley de Personas Desaparecidas antes de que culmine LX LegislaturaPese a que los colectivos de feministas y “La Voz de los Desaparecidos” exigen la aprobación de ambos temas y mantienen un plantón fuera del Congreso local, la diputada que se relegirá en la LXI Legislatura justificó que por falta de consensos con las presidentas de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como la de Salud, no se discutió a fondo el tema de la despenalización del aborto.
En conferencia de prensa donde fue presentada como la próxima coordinadora del Partido del Trabajo (PT) indicó que el caso de la despenalización del aborto fue revisado y hubo comunicación constante con las diputadas del PRI y Morena, Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez, que impulsaron las modificaciones al Código Penal y la Ley de Salud, pero fue en comisiones donde se frenó este trabajo, sin embargo, en la próxima Legislatura su obligación será revisar y "entrarán" de lleno al tema en derechos humanos.
“Se hicieron todos los trabajos, como presidenta de la Junta de Gobierno siempre estuve en comunicación con las diputadas que presentaron las dos iniciativas al Código Penal y a la Ley de Salud, se hicieron todos los avances, al final ya en comisiones no hubo el consenso para avanzar el tema. Al final la siguiente Legislatura como todas las que han heredado, tenemos la obligación de poder revisar el tema y entrarle de lleno”, apuntó.
Nora Merino felicitó al Congreso de Veracruz por la aprobación de la despenalización del aborto, ya que lo llevaron a cabo a través de un consenso, por lo que en el caso del Legislativo de Puebla tendrá que hacer lo propio, ya que el tema no está olvidado y tendrá que formar parte de la agenda de trabajo a partir del 15 de septiembre.
Es importante mencionar que la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso local María del Carmen Cabrera Camacho, manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa de ley para la despenalización de la interrupción del embarazo, pues aseguró que “las mujeres tienen derecho a abortar, pero es necesario escuchar a los hombres”.
En entrevista en la última Sesión Ordinaria de la LX Legislatura local, la legisladora del PT confirmó su rechazo e ideología para avalar en comisiones unidas las iniciativas que presentaron sus homologas del PRI y Morena Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez para avalar la despenalización del aborto, además de cumplir con los acuerdos pactados con los colectivos de feministas, por lo que esta propuesta en materia de derechos humanos se quedará una vez más en la congeladora.
ILE pretende quitar penas a mujeres por abortar
El paquete de la despenalización del aborto comprende dos iniciativas de reforma, uno al Código Penal y el otro a la Ley Estatal de Salud de los que son autoras, las diputadas del PRI y Morena Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval, quienes son las dos únicas legisladoras de un total de 41 que se han manifestado en favor de la propuesta.
La reforma al Código Penal tiene como objetivo retirar la sanción de cárcel al aborto que se realice dentro de las 12 semanas de gestación y agregar como excluyente de la responsabilidad penal las “causas económicas graves”.
En caso de que el embarazo se suspenda más allá de las 12 semanas, la iniciativa propone reducir de un año a seis meses el tiempo en prisión o permutarlo por 300 días de trabajo a favor de la comunidad.
Mientras la modificación a la Ley Estatal de Salud establece que cuando una mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo las instituciones públicas deberán atender su petición en un término no mayor a cinco días naturales.
Refiere que en caso que el embarazo sea producto de una violación y exista previamente una denuncia ante el Ministerio Público y la mujer declare, bajo protesta de decir verdad, la atención deberá brindarse inmediatamente.
Foto: Archivoe
cdch/clh
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