Por segundo día consecutivo, en la Comisión Permanente del Congreso, se rechazó la convocatoria a un periodo extraodinario para establecer la ley reglamentaria de la revocación de mandato.
Se preparan albergues en Huauchinango y Xicotepec ante llegada de GraceEN VIVO En tres años se han construido 189 cuarteles de la Guardia NacionalNo parece sencillo ya sacar esta legislación antes de la instalación de la nueva legislatura, el primero de septiembre.
Para entender el tema y sus implicaciones, hay que hacer un poco de historia.
Era 2019 y el Congreso de la Unión estaba ansioso de sacar adelante las propuestas que el presidente de la República había planteado en su campaña y se habían convertido en prioridades de su gobierno.
El resultado de la elección constitucional de 2018 había permitido a Morena y sus aliados obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sin embargo no ocurrió lo mismo en la Cámara de Senadores.
Las condiciones políticas permitieron realizar la reforma constitucional que instituyó la consulta popular, así como la revocación de mandato, pero no alcanzó para sacar adelante la ley reglamentaria de esas reformas.
En el caso específico de la revocación de mandato, el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional establece que, tanto a nivel federal como en el caso de autoridades estatales, este derecho deriva de la posibilidad de que la ciudadanía “pierda confianza” en sus gobernantes y por lo tanto pida que puedan ser removidos antes del término de su periodo constitucional.
La redacción propuesta por Morena en el Senado para hacer efectivo este derecho, le da la vuelta por completo a esta visión constitucional y modifica el sentido de la reforma para hacer una consulta por la ratificación y no por la revocación.
Si se quisiera cuestionar tal reforma legal, como violatoria de la Constitución ante la Corte, se podría hacer sin ningún problema, por la violación flagrante que implica el cambio de sentido de la consulta.
En la coyuntura actual, la razón de que se pretenda crear el andamiaje legal para hacer factible esta consulta deriva de la intención del presidente López Obrador de recibir un aval de la ciudadanía al trabajo realizado en la primera mitad de su mandato.
Sin embargo, Morena y el presidente saben que si el cuestionamiento está redactado en términos de una pérdida de confianza y por lo tanto de la posibilidad de que no concluya su mandato, le puede ser muy inconveniente en términos políticos.
Si ganara esa consulta, no tendría valores agregados que ofrecer, pues la gente simplemente validaría la continuidad de su mandato constitucional.
Pero si la perdiera, aun cuando no se sumara el 40 por ciento de la participación del listado nominal de electores, y por lo tanto no tuviera implicaciones legales, quedaría sumamente debilitado para el final de su sexenio.
Es decir, el triunfo le aportaría poco y la derrota le costaría mucho.
Aunque seguramente todavía habrá análisis entre los legisladores, los funcionarios de la Presidencia y los líderes de Morena, hay elementos que permiten intuir que al final de cuentas pudiera no realizarse esta consulta en marzo del próximo año.
Para realizarla se requieren las firmas del 3 por ciento del padrón electoral, es decir, poco menos de 3 millones de personas que deberían obtenerse entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.
La oposición pareciera convencida de hacer el vacío a este proceso, lo cual le va a dificultar a Morena el obtenerla.
Pero aun si la obtiene, no está claro si se va a admitir en realidad una consulta revocatoria, si no se puede cambiar el sentido de la reforma constitucional.
Si la consulta no se hace, sería una gran pérdida para el presidente López Obrador. Y si se hace, el costo quizá pudiera ser mayor.
Columna de Enrique Quintana
El Financiero
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