El miércoles El Universal llevó como nota principal una denuncia de moches en Santa Lucía. Según documentó ese diario, trabajadores que edifican para la Secretaría de la Defensa Nacional el Felipe Ángeles aseguran que se les descuenta indebidamente parte de su salario. El tema llegó a la mañanera de ese día y López Obrador dejó de manifiesto que desprecia el derecho constitucional a la información.
Gobernadores: ganar perdiendoEvidentes, pero invisiblesEl artículo 6 de la Constitución establece que toda la información en posesión de entidades y órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autónomos, partidos políticos, “así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos”, debe ser pública.
Más aún: subraya que “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
Es una buena práctica de periodismo el pedir su versión, previo a la publicación, a una autoridad señalada en un presunto acto de corrupción o acusada de un comportamiento abusivo, indebido o ilegal
Al cuestionar a los aludidos el y la periodista profesional buscan que a final de cuentas sea el lector quien decida, teniendo acceso a todas las versiones, quién dice la verdad o la calidad de la posible explicación de una autoridad para haber obrado como lo hizo. Sirve también para prevenir fallos en la información a publicarse, e incluso para desestimar un material que aunque prometedor resultó carente de sustento.
Ningún gobierno recibe con gusto las peticiones de entrevista para aclarar denuncias. Sin embargo, desde 2018 sobran las notas en donde se incluye una frase que consigna que las autoridades federales aludidas fueron buscadas con la debida antelación y que, sin embargo, al cierre de esa edición no hubo respuesta específica, o que de plano nunca se interesaron en saber ni las preguntas que se querían formular.
Esa negativa a contestar ya supone contravenir lo que establece el artículo 6 de la Constitución. Pero el miércoles pasado López Obrador fue más allá y dejó en claro que él considera que es natural que las dependencias de su gobierno decidan a quién sí y a quién no responder: según el Presidente hay medios que no merecen ser atendidos.
En la mañanera del 8 de septiembre, día en que se publicó la nota de los moches, el reportero de ese diario incluso explicó al Presidente que se había buscado a la Defensa Nacional para cotejar la versión oficial con la de trabajadores que denuncian los recortes a su salario:
“Reportero: ‘Sí, porque se le pidió una posición a la Sedena para llevar también su versión, pero no la dieron’”.
“AMLO: ‘No, es que me imagino ven Universal y dicen: ‘Aahhhg’, o sea, es mejor que aquí se ventile, como lo estamos haciendo’”.
Es sabido que los integrantes del gabinete deben seguir la mañanera para tomar apunte de lo que ahí ordena, en específico o en genérico, el Presidente.
Ese miércoles la orden fue que los funcionarios tienen permiso para no atender las solicitudes de información de los medios que el mandatario agarra de piñata.
La postura de AMLO es contraria al artículo 6. Si su gobierno sigue esa pauta empobrecerá la cantidad y la calidad de la información a la que tiene derecho la ciudadanía.
Sus mañaneras –sesiones a modo donde los funcionarios rara vez son confrontados por periodistas con cuestionamientos concretos y no surgidos de agendas de lucimiento o por encargo– constituyen una simulación.
El Presidente no debe normalizar que una entidad decida, caprichosamente, si contesta o no. Velar por el acceso a la información es su obligación. Aunque diga aahhhg.
Columna de Salvador Camarena
El Financiero
Foto ArchivoM
Vab
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