Era difícil suponer que el crimen organizado habría de conseguirse, en México, un negocio aún más lucrativo que las drogas. Hoy, mejor que comerciar enervantes, resulta traficar con vidas migrantes. Es difícil calcular el tamaño de este mercado ilegal, pero hay referentes que sirven para aproximar una cifra. Según números del US Custom Border Patrol, en este 2021 se habrán detenido a 432 mil personas que intentaron cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos.
¿De vuelta al acabose económico?Una reforma innecesariaEsta misma oficina afirma en sus documentos que tal cifra representaría alrededor de 45 por ciento de las personas migrantes que intentarán este año ingresar a ese país sin papeles.
Si ese dato es cierto, tal cosa querría decir que en 2021 la cifra total de migrantes ilegales que buscarían cruzar territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos rondaría el millón de individuos.
Luego, según cálculos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración (INAMI), las empresas dedicadas al tráfico de migrantes cobran, en promedio, 4 mil dólares por persona.
Este cálculo se obtiene de promediar el costo exigido que oscila entre mil quinientos hasta veinticinco mil dólares.
A partir de esta aritmética gruesa podría estimarse el mercado del tráfico de migrantes que atraviesa por México en unos 80 mil millones de pesos anuales.
Esta cifra inmensa sirve para cubrir una lista larga de servicios ofrecidos por las empresas criminales a sus clientes: alimentación, transporte, hospedaje, pago de derecho de piso, protección, corrupción a las autoridades mexicanas, en particular a los agentes del INAMI y probablemente ahora también a la Guardia Nacional.
Con todo, la utilidad sigue siendo enorme. Fuentes consultadas en la frontera noroeste mexicana afirman que este año el tráfico de migrantes ha significado alrededor de 60 por ciento de los ingresos totales obtenidos por las empresas criminales. Es decir que el tráfico de personas habría superado las ganancias aportadas por el contrabando de fentanilo o el trasiego de amapola y cocaína.
Ayuda a explicar este fenómeno el hecho de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico en México se hallen fragmentadas. Suman también como problema para este otro negocio las limitaciones logísticas que la pandemia de coronavirus impuso al trasiego.
Si bien también se vieron restringidos por un tiempo los viajes entre países, una vez que las fronteras comenzaron a ceder, las empresas criminales volvieron a prestar sus servicios para una demanda migratoria ilegal potenciada por las crisis sanitaria, económica y climática.
Para comprender los alcances de este fenómeno debe incluirse como variable la oferta de empleos que hay en los Estados Unidos gracias a la inversión multimillonaria que el gobierno de ese país está realizando para su recuperación.
También destaca la creciente demanda de las personas migrantes que, por diversas razones económicas y también humanitarias, buscan abandonar sus países.
Sin embargo, el tercer elemento, del cual se habla todavía poco, es la existencia de un aparato criminal transnacional dedicado a hacer que la oferta y la demanda hagan convergencia.
No podría explicarse el intento de un millón de seres humanos por cruzar este año la frontera entre Estados Unidos y México sin la logística aportada por las organizaciones criminales y, sobre todo, por las ganancias ingentes que estas empresas obtienen gracias al tráfico de vida humanas.
Existe evidencia de que las empresas mexicanas delincuenciales más conocidas —el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Caborca, La Familia michoacana, el Nuevo Cártel del Golfo o Los Zetas— cuentan con brazos dedicados a la migración ilegal bien ubicados en Centroamérica y en otros países al sur de Panamá.
Si bien se presupone que estas empresas criminales son de nacionalidad mexicana, resulta pertinente suponer que sus principales dirigentes operan este negocio desde los Estados Unidos.
El servicio que ofrecen estas organizaciones incluye cruzar la frontera mexicana y por tanto cabe imaginar que dicho negocio tiene responsables cuya residencia se ubica en el país vecino.
De otra manera este negocio no sería tan lucrativo. Una parte importante de los 80 mil millones de pesos que representa anualmente el tráfico de migrantes termina en el sistema financiero de Estados Unidos.
Desde esta perspectiva resulta ingenuo y por tanto carente de lógica querer frenar la migración ilegal solamente a partir del uso de la fuerza contra las personas migrantes.
Mientras no se afecten las redes de traficantes ligadas a las grandes empresas criminales y no se toque el esquema de corrupción que le permite a estas empresas contar con la complicidad de los agentes y funcionarios mexicanos, de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, el flujo ilegal de personas continuará atravesando fronteras y este negocio tan lucrativo seguirá abultando las arcas de las organizaciones dedicadas previamente al trasiego de drogas
Columna Política Zoom de Ricardo Raphael en Milenio
Fotografía Milenio
clh
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