Antes de que iniciara en México el gobierno de la 4T, funcionaba en nuestro país un modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI que incidía, de manera positiva, en la vida cotidiana de los mexicanos en, al menos, cinco aspectos:
Seguridad energética. Estábamos en condiciones de optimizar el aprovechamiento de nuestros recursos, garantizando un abasto energético confiable, a precios competitivos y en un horizonte de tiempo mucho más amplio, contribuyendo así a un clima de mayor estabilidad social.
Inversión social. El modelo establecía condiciones para generar mayores recursos presupuestales destinados al gasto público, para apoyar el desarrollo del país y el bienestar de la población en áreas esenciales como seguridad, salud y educación pública.
Empleos. El modelo energético estaba orientado a detonar una mayor creación de empleos formales a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético. En la generación de electricidad se invirtió en las tecnologías limpias y más modernas. Todo ello tendría un efecto multiplicador en el resto de la economía mexicana.
Competitividad industrial y aún más empleos. México se había convertido en una potencia manufacturera y exportadora. Así se pudieron generar un número aún mayor de empleos en los sectores industriales y de servicios. Gracias al modelo energético que teníamos, estábamos en condiciones de elevar nuestra propia competitividad económica y de atraer más inversiones productivas.
Talento. El nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI estaba directamente vinculado a la economía del conocimiento. Se preveía ampliar el panorama educativo para miles de jóvenes estudiantes mexicanos, quienes tendrían un mayor incentivo para enfocar sus estudios en áreas relacionadas con la industria energética y ambiental. Varias universidades del país ya habían reformulando sus planes de estudio para establecer programas académicos relacionados con la energía, desde las distintas ramas de la ingeniería hasta las carreras relacionadas con sistemas y tecnologías de la información.
Teníamos una enorme cantidad de oportunidades para impulsar un mayor crecimiento económico que se debería traducir en mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de bienestar para la gran mayoría de los mexicanos.
Pero llegó la 4T con una visión de confrontación, que no buscaba el beneficio de los mexicanos sino la “fortaleza” de los órganos del estado. Y para muestra basta un botón. El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se reunió con sus gerentes divisionales y les dio la instrucción de “defender los intereses de la empresa”. Les dijo que la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene como objetivo “que el Estado mexicano recupere el control del sistema eléctrico nacional, que se encuentra en manos de empresas privadas nacionales y extranjeras que sólo buscan hacer negocios”.
Bartlett añadió:
“El objetivo de la Reforma Energética, diseñada perversamente, y sus leyes secundarias buscaban desaparecer a la CFE y el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es fortalecer y rescatar a la CFE, porque ésta es una de las reformas más importantes del sexenio”
Bartlett dijo que la iniciativa busca integrar a la CFE en un solo organismo, eliminar organismos autónomos y terminar con figuras como la de autoabastecimiento. Llamó a la defensa de la soberanía energética del país:
“Debemos hacer campaña para defender la reforma eléctrica, que es la vida de la CFE y allá afuera hay una campaña en contra… Defiendan su casa, expliquen, no permitan que desaparezca. Vamos a defender todos juntos a la empresa nacional, que es la joya del país y que México necesita para su desarrollo”
El lunes, en la conferencia de prensa matutina de AMLO, escucharemos todos los argumentos del gabinete energético para defender la reforma constitucional en materia eléctrica. Podemos estar seguros que escucharemos mucha ideología y pocos datos duros. No habrá información objetiva. Y eso no solamente pondrá en peligro el sector energético, la industria y la economía de México, también a nuestra democracia.
Todo esto me recordó lo que el Comité Noruego del Nobel de la Paz argumentó, el viernes pasado, cuando otorgó el premio a María Ressa, compartido con el periodista ruso Dmitry Muratov.
La periodista filipina María Ressa ha puesto una mirada crítica sobre el terrorismo, las transgresiones autoritarias del gobierno de Duterte de Filipinas y el papel de las redes sociales en la difusión de desinformación. Muratov es el fundador y editor en jefe del periódico independiente Novaya Gazeta.
Ressa es directora ejecutiva de Rappler, con sede en Filipinas, una empresa de medios digitales centrada en el periodismo de investigación. Fundó Rappler en 2012, después de haber trabajado durante casi 20 años como jefa de la oficina de CNN en Manila y Yakarta, Indonesia. Estudió en la universidad de Princeton y en 2018, fue nombrada “persona del año” de la revista TIME.
Deberíamos aprender de María Ressa sobre las fuerzas que están remodelando la prensa y sus impactos directos en la política y la salud de las sociedades libres. Sus ideas poderosas son un ejemplo de cómo defender los valores fundamentales de una sociedad democrática y abierta.
Ressa y Rappler han publicado historias sobre la corrupción gubernamental y las ejecuciones extrajudiciales que son parte de la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte. Además, Ressa ha informado sobre la difusión de propaganda y desinformación en las redes sociales en apoyo a Duterte.
María Ressa fue muy contundente en una de sus entrevistas:
“Esto sólo muestra que el Comité del Premio Nobel de la Paz se dio cuenta de que un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y confianza, y si no tienes ninguna de esas cosas, ciertamente no puedes conquistar el coronavirus, no puedes conquistar el cambio climático”
Los hechos y la verdad están bajo ataque. Los hechos son la base de la verdad y la confianza del público. El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder. El Comité del Nobel noruego está convencido de que “la libertad de expresión y la libertad de información ayudan a garantizar un público informado. Estos derechos son requisitos previos cruciales para la democracia y protegen contra la guerra y los conflictos”.
Vivimos hoy una batalla por los hechos, la información dura y la necesidad de contrarrestar la propaganda y la desinformación del gobierno en las redes sociales. María Ressa advirtió que esa táctica gubernamental amenaza a la democracia: “es una muerte por mil cortes”.
Justamente eso es lo que el gabinete energético de la 4T está haciendo con la economía mexicana: le están dando una muerte por mil cortes. Primero con el cambio sorpresivo de las reglas del juego para la inversión privada, luego con regulaciones burocráticas ejecutivas, más tarde con una ley de la industria eléctrica y ahora con una reforma constitucional.
La “muerte por mil cortes” (en chino, lingchi) fue una forma de tortura utilizada hasta principios del siglo XX para ejecutar penas de muerte. La práctica consistía en descuartizar al reo, que previamente era drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta terminar con una decapitación o la extracción de un órgano vital. En 1904, un fotógrafo francés documentó la práctica china del lingchi.
Los europeos retrocedieron ante lo que parecía ser una muerte espantosa y prolongada, citándola como evidencia de una crueldad exclusivamente oriental. El lingchi no se trataba exclusivamente de sufrimiento físico, sino de una pérdida de integridad somática, la vergüenza póstuma de haber sido reducido a partes del cuerpo.
Hoy en México nos enfrentamos a un rudo despertar en donde la 4T pone a nuestra economía y a nuestra democracia cara a cara frente a la tortura del lingchi a la mexicana.
Columna de Javier Treviño
SDP Noticias
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