El dictador miente, se enreda y viola la ley. ¿Qué debemos hacer? Cuatro acciones prácticas

“I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose voters. (Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería votantes.)”

DONALD TRUMP, 2016

Ayer atestiguamos uno de los momentos más oscuros de nuestra democracia. Uno más; no el primero, naturalmente. Esperemos, eso sí, sea el último. ¿Cómo lograrlo?

Primero describo lo que sucedió: la violación flagrante al Estado de derecho y a las garantías individuales por parte del presidente de la República. Para ello recurrió, además, a la mentira. Utilizó información falsa sobre un periodista.

En su mañanera de ayer, López Obrador violó diversas leyes (Artículo 16 Constitucional; Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades; Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación; Artículo 6 de La Ley de Protección de Datos Personales) con el objeto de cuestionar —desacreditar sería mejor término— a Carlos Loret de Mola y desviar las críticas y denuncias en contra de su hijo mayor. Las cifras vertidas en la conferencia de prensa, además de erróneas, constituyen un abuso de poder, dado el cargo que el primer mandatario ocupa. La información que las personas físicas o morales declaran a Hacienda sobre sus ingresos, no solo no deberían ser falseadas sino tampoco usados para fustigar en la arena pública —de forma privada tampoco— a una persona. Hacerlo a plena luz del día equivale a ponerle precio a la cabeza del ciudadano y deja en la indefensión a cualquier persona que cuestione al presidente, a su familia, al gobierno y a la Cuarta Transformación.

También conocemos a cabalidad que el golpe en contra los derechos humanos en nuestro país se ahonda cuando legisladores, jueces, autoridades varias y seguidores de la 4T deciden servir de corifeos al abuso de poder.

Ha llegado un punto, no obstante, que un importante grupo de la población ha coincidido en señalar que López Obrador se ha sobrepasado. Que ha quedado de manifiesto la mañosa y dañina costumbre del Ejecutivo federal de fustigar y azotar desde Palacio Nacional, y que eso es de autócratas.

El diagnóstico, entonces, es simple: al estar enojado y ofuscado, López Obrador ha violado la ley y ha mentido, enredándose en sus mentiras.

Muy bien, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer ahora?

La primera: presentar denuncias formales ante diversas instancias judiciales nacionales, pero también internacionales, por posibles actos de ilegalidad (atentar contra la libertad de expresión es una de ellas) cometidos por AMLO, integrantes de su equipo de trabajo y/o de su familia. Nótese que, no en vano, un grupo de accionistas de la compañía Baker Hughes ha solicitado formalmente una investigación sobre las condiciones en que se celebró el contrato de arrendamiento de la propiedad en Houston, Estados Unidos, que ocupó Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán de 2019 a 2021. La empresa desea conocer si hubo ilícitos y poder atajar cuanto antes posibles demandas de instancias norteamericanas, así como reclamos de sus propios accionistas.

Dos: establecer mecanismos de coordinación en redes sociales, prensa y medios de comunicación de voces contrarias al régimen. Sí, hablo de campañas PAGADAS, estructuras de organización, unión y armonización creadas ex profeso y con objetivos y metas claras para CUESTIONAR sistemáticamente al presidente AMLO y la gestión de su gobierno. Todo ello es legal, válido y posible en México y en democracia. Habrá que transparentar estos esfuerzos, claro está, así como sus financiamientos.

Tercero: fomentar la participación copiosa en las elecciones, votando contra las candidaturas de Morena y aliados en las elecciones de 2022, 2023 y 2024. El mecanismo por excelencia para manifestar rechazo y descontento, para construir la alternancia de gobierno sigue siendo la vía electoral. Mientras exista dicho canal (aún está abierto), los esfuerzos sociales de oposición a la 4T deben de estar enfocados en los comicios. Lo anterior pasa por fortalecer al INE; lo que a su vez supone coordinar esfuerzos en este sentido de partidos políticos, instituciones, organismos de la sociedad civil y ciudadanos en favor del Instituto y su trabajo. ¿Hay una instancia social formalmente e institucionalmente conformada en defensa del Instituto Nacional Electoral? No lo creo. Es momento de establecerla y de financiarla con absoluta transparencia.

Por último: establecer una red de cabildeo y presión ciudadana dirigida hacia legisladores de ambas cámaras e integrantes del Poder Judicial de la Federación, que sea abierta y a la vista de todos, y que tenga como fin exigir a las autoridades de ambos poderes de la Unión que expliquen y justifiquen a la sociedad sus votos y sus resoluciones al respecto de múltiples temas de la agenda pública, particularmente cuando se ha emitido juicio o votación de alguna acción o iniciativa del régimen lopezobradorista.

Por lo demás, lo que al tema José Ramón López Beltrán se refiere, concluir —y convencerse— de una vez por todas que si lo señalado por Carlos Loret de Mola fuese mentira, los afectados o la Presidencia de la República habrían denunciado al reportero por difamación. No lo hicieron.

La actitud beligerante del señor López Obrador socava la democracia, desacredita a la prensa, vulnera los derechos humanos y pone en vilo la seguridad de los informadores. De eso ya no hay duda.

Precisamente por ello es que la respuesta de los mexicanos no debe ni puede quedarse en alzar la voz espontáneamente; esto debe hacerse ahora de forma coordinada e institucionalizada.

¿Quién se apunta para establecer una de las cuatro rutas de acción que menciono? La única oposición real en México es la de ciudadanía organizada.

El país está dirigido por un opresor; están en riesgo todos nuestros derechos. Aquí ya no importa el color de piel, la orientación política o la denominación social.

Columna de Verónica Malo Guzmán en SDP Noticias

Foto Galo Cañas en SDP Noticias

clh

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