Madres y padres de los normalistas se presentaron ante medios de comunicación junto a Santiago Aguirre Espinosa, Director del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, para exigir que se abra una carpeta de investigación al Ejército y solicitar una pronta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Las 43 familias estamos enojados… más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante 3 años”.
En conferencia de prensa, Mario González, familiar de los 43 normalistas, denunció que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.
González denunció que el gobierno les hizo firmar un decreto presidencial en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.
Aseguró que toda esa escena en la que les dejaron ingresar a la zona militar del Batallón de Infantería fue únicamente con el fin de tomarse una fotografía con el encargado de Sedena.
También expresó que el reclamo actual no es respecto al actuar de instituciones pasadas, sino del mal manejo del caso por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes les prometieron llegar a la verdad.
“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos?”
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), publicado este lunes 28 de marzo, reveló la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y la simulación en las investigaciones por parte de autoridades del gobierno mexicano.
El informe presentó evidencia de que la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército mantuvieron en secreto que los normalistas y los criminales eran vigilados en tiempo real y de cuándo los jóvenes fueron atacados por policías y delincuentes la noche del 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Por su parte María Elena Guerrero, familiar de los normalistas, aseguró que nunca creyeron posible que a tres años de este nuevo gobierno no haya aún información sobre el paradero de sus hijos. Indicó que este avance presentado por el GIEI es una oportunidad más para conocer la verdad, lograr la justicia y conseguir que se castigue a los responsables.
Asimismo, Cristina Bautista, reconoció la importancia del tercer informe y enfatizó que, a partir de esta información, se debe abrir una carpeta de investigación al Ejército mexicano.
Bautista solicitó una pronta reunión con López Obrador, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, pues aseguró que desde septiembre de 2021 no se ha reunido con ellos y dada la pertinencia de la nueva información, es importante librar los obstáculos que se han presentado hasta ahora.
Las madres y padres de Ayotzinapa pidieron al gobierno de AMLO ver la forma legal de llamar al expresidente Enrique Peña Nieto a declarar para resolver su participación en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes.
Emiliano Navarrete, familiar de los normalistas, criticó que en México “los pobres no tienen justicia”, pues se vende al mejor postor, prueba de ello es la forma cómo se ha llevado a cabo la investigación de sus hijos”.
Compartió que desde la anterior administración, había motivos para sospechar y señalar al Ejército mexicano. Además, aseguró que las instituciones no le hacen caso a AMLO, pues sus representantes legales les han informado que a la fecha, a pesar de la garantía que les dio el presidente sobre el acceso a la información y pruebas, siguen los obstáculos para poder hacerlo.
“Creo que debería dejar un poco las mañaneras y enfocarse en los compromisos que ha tenido con el pueblo”.
Criticó que aún con las promesas y garantías ofrecidas por el actual gobierno, solo es en palabras donde les aseguran que harán algo, pero en los hechos “no está avanzando en nada”.
Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, aseguró que existe mucha indignación ante un proceso de investigación que describió como “turbio”, el cual no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad.
Aseguró que si algo queda claro tras el tercer informe del GIEI, es que “hubo una manipulación de la escena del basurero de Cocula, esta manipulación tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad”.
Finalmente el representante de padres y madres de los normalistas, denunció que fue a partir de ese montaje jurídico que el acceso a la verdad ha sido complicado, pues fue imposible poder explorar otras líneas de investigación durante, por lo menos, cinco años.
Foto: Expansión Política
LSM
Vistas: 925
