En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y diversos funcionarios y empresarios, presentarán el programa para bajar los precios de un paquete de 24 productos, mayormente alimenticios.
Todo indica que se establecerá un acuerdo con grandes productores y distribuidores para que una canasta formada por esos productos baje de precio en rangos de 10 a 20 por ciento respecto a los niveles actuales, y así se mantenga el resto del año.
Algunos de los productos que estarán incluidos son maíz, frijol, arroz, leche, huevo, azúcar, tortilla, aceite, pan de caja, sardina, atún, bistec de res, pollo entero, y algunos perecederos como limón, jitomate, chile, cebolla, naranja, entre otros.
Creo que el esfuerzo hecho por el gobierno para tratar de garantizar que una parte de la canasta básica sea más accesible a las personas de menores ingresos, debe ser reconocido positivamente.
Aunque no se establecerá jurídicamente un control de precios, la vigilancia de la Profeco conducirá a tener de facto un control real de los precios de algunos productos.
El gobierno sabe que cuenta con diferentes instrumentos para presionar a que los precios de esos productos bajen o al menos que no suban tanto.
Y, en el caso de productores y distribuidores, saben que –en términos generales– pueden mantener precios más bajos en algunos casos, pero reflejando en otros bienes las presiones que existen en diversas variedades de sus productos.
Aun suponiendo que este programa sea exitoso, de acuerdo con los datos del Coneval, la canasta alimentaria básica incluye más de 40 productos, muchos de los cuales no están en la lista que hoy se hará oficial.
Y de la canasta no alimentaria, hay 12 conceptos más, que desde luego no estarán en el paquete que se anuncie hoy y que representan 52 por ciento del gasto total de la canasta básica.
Y, yendo más allá, el índice nacional de precios al consumidor, que mide la inflación, incluye muchos otros conceptos que trascienden la canasta básica.
Insisto en que no hay que desestimar el esfuerzo hecho por el gobierno y ahora un grupo importante de empresas privadas, pero tampoco nos sorprendamos si a pesar de ello, en las siguientes quincenas y meses sigue muy elevada la inflación, pues este esquema no la va a contener.
Va a ser útil para que la población tenga algunas opciones para adquirir un paquete de bienes básicos a mejores precios. Pero nada más.
Tampoco va a detener la presión sobre la pobreza, pues tiene que ver con múltiples factores que no se van a resolver con el paquete que hoy se va a presentar.
El efecto inmediato de la inflación sobre los ingresos va a ser inevitable, como en muchos lugares del mundo.
Sin embargo, la posibilidad de impedir que el alza de los precios impacte negativamente sobre la pobreza depende principalmente de la estructura del empleo.
Mientras más de la mitad de las ocupaciones tengan lugar en la economía informal, será muy difícil impedir que el alza de precios afecte negativamente al poder adquisitivo de los hogares.
Y la solución estará fuera del ámbito de acción de la autoridad. No podrá argumentar ni el aumento del salario mínimo ni el crecimiento del empleo formal.
La única opción es que la economía se recupere, y es lo que el gobierno de López Obrador no podrá conseguir.
