Ante la resistencia de los congresos locales a despenalizar el aborto, organizaciones de Puebla, Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua emprendieron juicios de amparo contra la regulación, a fin de que sea anulada por el Poder Judicial de la Federación.
Estas acciones legales se sustentan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre pasado que determinó que son inconstitucionales tanto la criminalización absoluta de ese acto, como el uso del derecho penal para prohibirlo.
En el caso de Puebla y Aguascalientes la estrategia jurídica inició en febrero pasado con amparos que actualmente se encuentran en trámite, informó en un comunicado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El Poder Legislativo de Puebla tiene en su poder cuatro iniciativas que abordan el tema, las cuales no han sido dictaminadas por decisión del grupo mayoritario de Morena.
Uno de los diputados que promueve la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación es el legislador de Regeneración Nacional Carlos Alberto Evangelista Aniceto, quien aseguró que el grueso de sus compañeros de curul se resiste a aprobar la medida porque teme un costo político.
Dijo que seguirá insistiendo para que el tema avance, a fin de que Puebla se sume a las nueve entidades federativas del país que han retirado la sanción de cárcel.
La organización de derechos reproductivos, que este 2022 informó que al bloque que impulsa el acceso a abortos seguros se sumaron Marea Verde Chihuahua e Iniciativas Feministas de Chiapas con nuevos amparos interpuestos este mes.
“Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar”, aseveró GIRE.
La protección se extendería al personal de salud, el cual tampoco podría ser criminalizado por interrumpir un embarazo.
GIRE explicó que la estrategia jurídica apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que impulsan diputados de diversas expresiones políticas en los congresos locales.
Foto: Archivo-e
LSM
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