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Minimizar la violencia y decir que no hubo tanta como lo difundieron los medios puede engañar a bobos o ser una desviación mitómana. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad repitan que los muertos, bloqueos y vehículos quemados se limitan a actos de propaganda del crimen organizado, además de reduccionista, es no querer ver el tamaño del problema que enfrentan, porque lo que sucedió en cuatro estados tiene que ver con realineamientos y pugnas internas entre los cárteles, que pelean y disputan territorios ante la ausencia deliberada del gobierno federal para impedirlo.
La violencia –en orden de aparición– en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no fue organizada por el gobierno para justificar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, ni de sus opositores para que, mediante el miedo, lo desestabilicen. Ni el primero tiene el talento para hacerlo, ni los segundos la capacidad para lograrlo. La furia criminal fue una coincidencia en el tiempo que unió a cuatro estados, pero con dinámicas diferentes que respondieron a la recomposición de los cárteles y la búsqueda de nuevas plazas.
El episodio que más llamó la atención por los ataques directos a la población civil se dio en Ciudad Juárez, donde la violencia fue desatada por Los Mexicles luego que tres de sus miembros fueron asesinados adentro del penal local. Los Mexicles trabajan para el Cártel de Caborca, que desde prisión sigue encabezando Rafael Caro Quintero; reaccionaron de esa forma –que el gobierno identifica sólo como propaganda– ante los intentos de Los Chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que integran una de las facciones del Cártel de Sinaloa y buscan apoderarse de Ciudad Juárez.
Parecería una contradicción que Los Mexicles, que controlan la plaza y toda su infraestructura, desataran una ola de 11 asesinatos de civiles en un sólo día, porque eso, en el argot criminal, ‘calienta’ la plaza y perjudica a quien la domina. Pero, de acuerdo con fuentes gubernamentales, la estrategia de ese grupo fue agudizar las contradicciones de la violencia, para provocar que el gobierno enviara fuerzas federales, con lo cual Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa tuvieran más dificultad para operar y enviar milicias a esa ciudad, donde su logística es limitada.
La violencia en Ciudad Juárez no tiene nada que ver con la que estalló días antes en Guadalajara y Guanajuato, luego de que unidades del Ejército realizaron un pésimo operativo para detener en la zona metropolitana de la capital tapatía a Ricardo Ruiz Velasco, el Doble RR, jefe militar del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Doble RR “anda suelto”, revelaron funcionarios gubernamentales, como también lo están varios mandos altos de esa organización ante la debilidad del liderazgo de Nemesio Oseguera, el Mencho, por el deterioro en su salud, con avanzada diabetes y alta tensión.
El Doble RR está enfrentado con Hugo González Gaytán, el Sapo, quien controla Puerto Vallarta, el bastión del CJNG, y es presunto responsable del asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval. El Sapo es uno de los principales lugartenientes del Mencho, al igual que Audías Flores Silva, el Jardinero, considerado por Estados Unidos como el número dos del cártel, pero que, en estos tiempos de turbulencia dentro de la organización, agregaron las fuentes gubernamentales, se ha “encerrado” en Nayarit.
El declive en la fuerza del Mencho detonó disputas hacia el interior de la organización al perder autoridad sobre sus lugartenientes, en particular la Vaca, como le dicen a José Bernabé Brizuela, que maneja su propia banda criminal en Colima, Los Mezcales, y a quien se le atribuye el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hace poco más de dos años. También propició la rebelión del Grupo Élite, encabezado por Juan Carlos González, el 0-3, que le arrebató la custodia de los familiares de los líderes del CJNG a los Pájaros Sierra, a quienes se les atribuye la famosa matanza en una funeraria en San José de Gracia, Michoacán, en febrero.
El operativo fallido contra el Doble RR provocó una reacción inmediata en Guanajuato, donde también domina la plaza, pero como explicaron los funcionarios, fue un mensaje –la propaganda que señaló el Presidente y el gabinete de seguridad– de control en la entidad, a fin de neutralizar las percepciones de debilidad –al mostrar músculo– por los reveses sufridos con el Cártel de Sinaloa en Zacatecas.
El CJNG se parece, en ese sentido, a Los Zetas, quienes comenzaron con la propaganda criminal en 2005, imitando lo que hacía Al Qaeda, para inyectar miedo entre sus rivales por lo salvaje de sus ejecuciones, que videogrababan y difundían. Las dos organizaciones operan con el modelo de negocio criminal de causar terror por la violencia masiva, a diferencia del Cártel de Sinaloa que la ejerce de una forma más discreta.
Pero ni Jalisco, Guanajuato o Chihuahua tienen relación con el tipo de violencia que se vivió en Baja California, particularmente en Tijuana, donde el CJNG ha querido montar narcolaboratorios de fentanilo, sin mucho éxito porque han sido desmantelados por las autoridades. También el Cártel de Sinaloa, que controla la plaza, está en esa rama del negocio criminal, donde la extorsión y el cobro de derecho de piso son las principales causas atribuibles a la violencia desatada en Baja California. Las autoridades han señalado como responsable de ella a Javier Beltrán Cabrera, el Javi, jefe de la célula Los Erres.
La recomposición interna del CJNG, con las disputas por la enfermedad grave del Mencho, ha mostrado sus efectos en el centro del país, mientras que en varias ciudades de la frontera norte se han abierto frentes de guerra con el Cártel de Sinaloa, en particular Los Chapitos, con un enemigo de ambos, la organización criminal de Caro Quintero. Aunque usan la propaganda como una herramienta de la violencia, ni empieza ni termina ahí. Es mucho más complejo de como lo explicó el gobierno.
