Tres de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años en nuestro país sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2016 y 2021, de las 7 millones 810 mil 538 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un hijo o hija. 2 millones 455 mil enfrentaron alguna forma de violencia en la atención obstétrica durante su último parto,, es decir, el 31.4%.
Algunos de los tipos de violencia obstétrica reflejados en la ENDIREH refieren a gritos y maltratos al momento del parto, ignorarlas cuando preguntan dudas sobre su embarazo o su bebé u obligarlas a permanecer en posiciones incómodas, hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o degradantes.
Aunado a estas formas de violencia otras graves como la realización de cesáreas y la colocación de dispositivos para no tener más hijos sin consentimiento o sin explicación.
La violencia obstétrica está tipificada como tal en las leyes locales de 28 estados, sin embargo, la encuesta utiliza el concepto “maltrato en la atención obstétrica” para englobar, diferentes violencias contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva que pueden manifestarse en amenazas de retirarles su tratamiento por parte de los profesionales sanitarios, sufrir violencia física u obtener malos resultados de salud si no obedecen.
Contemplan también la culpabilización, así como la humillación y el abuso verbal.
Los mayores porcentajes de maltrato están en los servicios públicos de salud, que registran prevalencias de entre 27 y 40% dependiendo de la institución. Mientras que, en hospitales y servicios privados la prevalencia va de un 15 a 19%, con base en los resultados de la ENDIREH
Por entidad federativa, el mayor porcentaje de mujeres que reportaron haber vivido maltrato en la atención obstétrica, se ubica, según la encuesta, en San Luis Potosí (38.9%), Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México (38.5%), mientras que los menores índices se registraron en Tamaulipas (25.4%), Tabasco (24.4%) y Chiapas (18.8%).
En el grupo de mujeres de 15 a 24 años es donde más incidentes de violencia obstétrica se reportaron. En este mismo grupo de edad, al analizar por situación de maltrato, el mayor porcentaje (11.3%) corresponde a aquellas que dijeron haber sufrido gritos o regaños, seguido por haber sido presionadas para que aceptaran algún método anticonceptivo (9.6%) y haber sido ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o sobre su bebé (9.4%).
El siguiente grupo que más maltrato reportó es el de 25 a 34 años, con las mismas formas de violencia en los primeros lugares, según la ENDIREH.
Así mismo refleja que el porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de maltrato obstétrico es más o menos el mismo entre aquellas que se autoadscriben como indígenas y aquellas que no.
Los gritos y regaños fueron reportados en mayor medida por la población no indígena (10.6 contra 8.7%) pero la presión para aceptar algún método anticonceptivo es mayor en el caso de mujeres indígenas (9.5 contra 8.6%).
El nivel de escolaridad de las mujeres de 15 a 49 años que vivieron sucesos de violencia durante su último parto también refleja algunas diferencias en torno a los incidentes reportados.
Destacan los gritos o regaños en mujeres con licenciatura o posgrado (10.8%), al mismo tiempo que la presión para aceptar algún método anticonceptivo hacia mujeres sin escolaridad (10.1%), más alta que en cualquiera de los otros grados de estudio.
La salud materna es un componente esencial de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y se refiere a que en el embarazo, el parto y el puerperio se garantice la salud y bienestar de las mujeres y sus bebés mediante un trato respetuoso, culturalmente aceptable y de calidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En lo que se a los tratamientos médicos no autorizados, el Inegi reporta que un 23.7% de mujeres que tuvieron una cesárea vivieron este tipo de violencia, en tanto que también se ejerció hacia un 16.9% de las que tuvieron un parto. En el primer caso, existe una reducción respecto a 2016 (25.9%).
Para el levantamiento de la encuesta, se consideraron como tratamientos médicos no autorizados: no informar de manera clara a las mujeres por qué es necesario hacerles una cesárea, no haber recabado su consentimiento o autorización para hacerla, ser presionadas para aceptar un dispositivo o cirugía para ya no tener hijos o hacerlo sin preguntarles, negarles anestesia o bloqueo para disminuir el dolor sin explicaciones u obligarlas o amenazarlas para firmar un papel sin informarles el objetivo.
Entre 2016 y 2021, 3 millones 718 mil 900 mujeres tuvieron un hijo o hija por cesárea, entre las cuales 319 mil 319 no dieron permiso para que se las practicaran, es decir: el 8.6% de las mujeres que tuvieron una cesárea en los últimos cinco años no la autorizaron.
Por otro lado, a 759 mil 505 mujeres, que representan el 9.7%, las presionaron para que aceptaran algún dispositivo o cirugía como método anticonceptivo, mientras que a 333 mil 284 mujeres les colocaron algún método anticonceptivo o las operaron o esterilizaron para ya no tener hijos o hijas sin su consentimiento, es decir, al 4.3%. De acuerdo con el Informe Sombra de organizaciones de la sociedad civil ante la ONU, esta práctica está considerada como tortura y otras formas de tratos crueles e inhumanos.
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no define de forma explícita a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, pero contempla figuras como la violencia psicológica, física e institucional, en las que puede encuadrarse.
De acuerdo con el informe “Justicia olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 28 entidades federativas han incorporado definiciones de violencia obstétrica en sus leyes estatales.
La ENDIREH, en su propio glosario, incluye en la definición de maltrato obstétrico actos de violencia de los que no se levantaron datos, como las amenazas o la falta de confidencialidad.
La encuesta no incluye ninguna información relativa a con quién compartieron la situación de violencia que sufrieron o en qué casos y ante qué instancias la denunciaron, por lo que tampoco es posible conocer las respuestas y acciones ante esta forma de violencia.
De acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar, los datos que revela la ENDIREH en su versión 2021 son alarmantes porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y perpetuada desde las propias instituciones de salud pública, sin que las autoridades tomen medidas para atenderla o erradicarla.
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