La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), detuvo a cuatro militares en activo, adscritos a la Sedena, por secuestrar a cuatro integrantes de una familia, en el municipio de Tlaxco.
Los militares pedían un rescate de dos millones de pesos, de los cuales alcanzaron a cobrar 50 mil pesos.
Después de un operativo desplegado por agentes de investigación de la PGJE, las personas secuestradas fueron rescatadas.
La procuradora, Ernestina Carro, informó que, el pasado 03 de diciembre, aproximadamente a las 21:30 horas, el Servicio de Emergencia 911 recibió un reporte sobre el secuestro de una familia, realizado por cuatro hombres, quienes se llevaron a las víctimas a bordo de la camioneta en la que viajaban, marca Volkswagen, modelo Tiguan, color blanco.
Tras recibir notificación del ilícito, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro (FECS), en coordinación con las unidades de delitos de alto impacto, inició un operativo para rescatar a la familia.
Las víctimas fueron una mujer y sus dos hijos, de 11 y cuatro años, además de un tío, por quienes los secuestradores pedían dos millones de pesos a cambio de su libertad.
A las 02:00 horas del siguiente día, liberaron a tres de las cuatro víctimas, quienes fueron localizados dentro de una zanja sobre la carretera Tlaxco-Apan, según información oficial.
Después de un proceso de negociación que coordinó el personal de la PGJE, se logró que soltaran y entregaran al niño abandonándolo en un puente. Los delincuentes cobraron 50 mil pesos, los cuales fueron entregados en efectivo sobre la carretera Tlaxco-Apan, a la altura de la comunidad de Lagunilla.
Ernestina Carro informo que los elementos de la Policía de Investigación iniciaron una persecución hasta que lograron la detención de los responsables; quienes exhibieron credenciales de la Sedena.
Los detenidos son militares en activo adscritos a la Sedena y todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación por el delito de secuestro y realizó la judicialización, según un comunicado de prensa de la PGJE.
Posteriormente fueron trasladados a un Centro de Reinserción Social (Cereso) para formular la imputación, donde un juez de Control determinará su situación jurídica.
Foto: Excélsior
LSM
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