La imagen de una trinchera se asocia con una guerra.
Cuentas pro AMLO en redes sociales explotan contra la ministra PiñaEbrard, corretea pero no alcanza a SheinbaumY, esa es exactamente la que estamos viviendo. La guerra por la preservación de la legalidad y sobre todo la constitucionalidad.
El ABC del Estado de derecho, que es lo que supuestamente rige en México, indica que la Ley Fundamental es la Constitución.
Todas las otras deben estar sujetas a ésta.
Y la estructura del Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, pone en la cúspide a la Suprema Corte de Justicia, quien se encarga de verificar la constitucionalidad de las leyes.
Los ciudadanos, sin embargo, no accedemos directamente a la Suprema Corte. Cuando percibimos que nuestros derechos constitucionales son violados, tenemos que promover un amparo ante un juez.
En el contexto de las controversias por el llamado plan B, ya está en tribunales el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.
A quien se pretende separar por honesto, íntegro y capaz.
Tras haberse promulgado las reformas asociadas con este plan, el INE, respetando la legalidad, cesó a su secretario ejecutivo.
Sin embargo, tanto Edmundo Jacobo como el propio INE interpusieron sendos recursos por considerar que una modificación legal no puede estar por encima de un derecho constitucional, pues el nombramiento del secretario ejecutivo está definido en el artículo 41 de la Constitución y además, ninguna disposición legal puede estar dirigida hacia alguna persona específica, como ocurrió en este caso.
La demanda de amparo fue admitida por la jueza duodécima en materia administrativa, Blanca Lobo, quien sin embargo no concedió la suspensión provisional a favor del quejoso.
Ante ello, Edmundo interpuso un recurso ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual revocó ayer la decisión de la jueza y concedió la suspensión provisional.
Sin embargo, la propia jueza fijó para hoy viernes, la audiencia para determinar si concede la suspensión definitiva o no.
Si la decisión fuera contraria, otra vez el tema escalaría al tribunal, el cual seguramente confirmaría la suspensión definitiva.
En suma, creo que es cuestión de horas o de días para que Edmundo Jacobo regrese a su cargo y el plan B reciba su primera gran derrota.
Pero, estamos apenas en los escarceos de la gran guerra.
En ella, habrá de resolverse si las elecciones de 2024 se dirimen conforme a la legislación que estaba vigente antes del plan B; si se rigen en función de éste o si hay una mezcla.
En el mundo jurídico hay consenso respecto a que muchos aspectos del plan B son inconstitucionales, por lo que no prosperarán.
De un modo u otro, el Poder Judicial los va a detener, sea con una suspensión, con una resolución del Tribunal Electoral o con una sentencia del pleno de la Corte.
En la guerra para defender a la democracia, la legalidad y la constitucionalidad, hoy la trinchera más importante es el Poder Judicial.
A veces se ha personalizado este caso en la presidencia de la Corte. Y, qué bueno que su presidenta, la ministra Norma Piña, sea una mujer independiente, recta y fuerte.
Pero, la realidad, es que la mayoría del Poder Judicial, comenzando desde los jueces y personal de juzgados, pasando por magistrados y ministros, han mostrado que no van a aceptar las violaciones constitucionales.
Hay malos elementos en el Poder Judicial, y quizás sean muchos.
Pero, los buenos, que son más, están en la trinchera y creo que muchos confiamos en que sus sentencias hablen por ellos y que México siga siendo un Estado de derecho… aunque no les guste a algunos.
La ‘justicia’ de los criminales
En un hecho increíble, el Cartel del Golfo, o quien pretende serlo, dejó a cinco personas atadas en Matamoros, como presuntos responsables del ataque a ciudadanos norteamericanos, señalando que ellos son los culpables y que ofrecen disculpas a la sociedad, además de garantizar que ‘ya no se van cometer errores’.
Mal están las cosas cuando son los propios criminales los que “detuvieron” a los presuntos responsables.
No es aceptable que haya una justicia paralela en México. Desastroso mensaje para nuestro Estado de derecho.
Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero
Fotografía El Financiero
clh
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