Después de una serie de preguntas sobre la investigación que documenta que el Ejército tiene un Centro Militar de Inteligencia desde el cual se siguieron las comunicaciones del activista Raymundo Ramos, el gobierno federal emitió un comunicado como seguimiento a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera.
El comunicado alude a los documentos publicados por el colectivo Guacamaya, aunque no menciona directamente a esta plataforma.
Además, en su escrito, el gobierno no se refiere al Centro Militar de Inteligencia ni expone el uso que se le ha dado a las tecnologías de intervención de comunicaciones en Sedena, como lo apuntan reportajes publicados por importantes medios nacionales.
“Algunos” documentos filtrados son apócrifos, posteriormente dice que ‘ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública’ y que podrían usarse para elaborar documentos que afecten a las fuerzas armadas, sostiene la primera parte del comunicado.
Concluye, que “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
La Presidencia sostiene que realiza acciones de inteligencia para conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal.
El gobierno afirma que la Ley de Seguridad Nacional y de la Guardia Nacional regulan la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública.
Según esta visión, “las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)” pueden participar en estas actividades.
Expertos y organizaciones de la sociedad civil han afirmado que el Ejército no tiene atribuciones para realizar intervención de comunicaciones.
El gobierno afirma que la recolección de información no está dirigida a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos: “únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
La Presidencia de la República reconoce que las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez.
"La autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas” y destaca que “no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada” cierra el comunicado.
Foto: Reddit
LSM
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