Organizaciones defensoras de los derechos humanos y ONG’s responsabilizan al Estado de la muerte de 38 migrantes, este martes en el incendio en Ciudad Juárez, al considerar que se encontraban bajo su responsabilidad.
Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) México dijo:
“Es muy difícil explicar cómo mueren 39 personas en un incendio en un centro de detención migratoria sin que haya una gran negligencia criminal por parte de las autoridades mexicanas”.
Mattiace instó a que se realice una investigación criminal para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios y oficiales que se encontraban en el centro custodiando a los migrantes.
Los 38 migrantes murieron la noche del pasado lunes producto de un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y 29 resultaron heridos.
Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes al asegurar que el incendio se inició cuando, al enterarse de que iban a ser deportados, prendieron fuego a colchonetas.
Y se refirió al lugar de los hechos como un albergue de migrantes, cuando en realidad sucedió en un centro migratorio del Estado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su cuenta de Twitter denunció que “Las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado es garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban ‘retenidos’ en un ‘área de aseguramiento temporal’ ni insistiendo en que ‘protestaban'”.
Las instalaciones estaban custodiadas por autoridades migratorias, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas pidieron que se realice “una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades”.
Por su parte, la ONG International Comitee Rescue (IRC) definió la noticia como “devastadora” y exhortó a garantizar de manera urgente “sistemas para brindar seguridad a las personas que necesitan protección internacional”.
El Partido Acción Nacional (PAN) demandó la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comisionado del INM, Francisco Garduño, por lo que consideraron un “crimen de Estado”.
La “irresponsabilidad e ineficiencia del Gobierno sigue costando vidas” subrayó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exigió que se depuren a quienes por acción u omisión resulten responsables.
Foto: Efecto Cocuyo
LSM (Con información de EFE)
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