Cosas extrañas le están sucediendo al panismo en Nuevo León. Primero, el pasado 31 de julio fue asesinado, por un comando armando – que le dio 11 tiros en una cancha de futbol rápido- el director jurídico del Congreso estatal, el panista Ricardo Flores Suarez.
¿Rebasó el narco al Estado y se globalizó?Encuestador que apoya a Claudio X. se mete al proceso interno de MorenaUn par de días después muere -por un supuesto infarto- otro panista, el diputado Jesús Gómez, quien presidía la comisión anticorrupción. El diputado, de 45 años de edad, gozaba de buena salud y ese día había participado en la “cabalgata de Bustamante”.
Y, el pasado 10 de agosto otro diputado panista, Fernando Adame Doria, sorpresivamente “renunció” a su curul. Pero, su suplente (y hermana), María Amparo Adame, rechazó también asumir el cargo, con lo que ambos renunciaron de manera “irrevocable” a la diputación. Con lo que el escaño legislativo quedó vacante y la oposición perdió la mayoría calificada en el Congreso de Nuevo León.
El PAN estatal señaló que la inusual renuncia, de ambos legisladores, se debió a presiones desde el gobierno del Estado, que lleva Samuel García de Movimiento Ciudadano
Y es que la relación entre el Congreso –de mayoría opositora del PAN y PRI- y el gobierno estatal (MC) ha sido una de constantes choques. El Congreso y el gobernador han peleado por: la designación del Fiscal estatal; por el presupuesto; por el periódico del estado; y, por la entrega de recursos a los municipios que gobierna la oposición.
Pero los conflictos entre Poderes en NL han trascendido al ámbito personal. A la diputada local Perla Villarreal (PRI) le han clausurado negocios familiares (una ferretería y un local de hamburguesas) y detuvieron al esposo de su madre.
Otro restaurante, propiedad de un familiar de otro diputado panista, Eduardo Leal, fue clausurado por la Secretaría de Trabajo estatal, al presuntamente encontrar a un menor de edad ahí trabajando. Al negocio del esposo de la diputada del PRI, Lorena De la Garza, auditores del SAT estatal le realizaron auditorías, que provocaron conflictos familiares y al diputado Carlos de la Fuente (PAN), Protección Civil de NL intentó clausurarle su oficina de gestoría, en el municipio de San Nicolás, sin contar con facultades para ello. Y de ese estilo hay decenas de recuentos.
Hasta que, en los últimos 15 días, empezaron las extrañas muertes y las renuncias. Coincidiendo estas con la visita del gobernador a la India.
De llamar la atención que el asesinado jurídico del Congreso coordinaba la estrategia legal de la oposición contra el gobierno de Samuel García. Y que, el diputado infartado presidia la comisión anticorrupción de Estado e investigaba al gobernador. Y, ni qué decir que en la historia del país no parece haber registro de un diputado titular y su suplente renunciado, ambos, simultáneamente al cargo.
Los panistas –tanto a nivel local, como nacional- piensan el gobierno estatal está detrás de los inauditos hechos. Pero no tienen como probarlo. Confían que el fiscal General de Justicia Nuevo León, Pedro José Arce, quien es autónomo del gobierno estatal, empiece a aclararlos. Pero el gobernador lo quiere cesar.
Por lo pronto, PAN y MC pelearán a quien le toca la diputación vacante y el panismo seguirá -mientras concluyen las investigaciones- en niveles insospechados de incertidumbre. Otra muestra de lo incierta y violenta que se ha tornado la política en México. Habrá que ver qué sucede, pero sí son demasiadas coincidencias en muy poco tiempo.
Columna de Javier Tejado en SDP Noticias
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