El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda reprobó el informe que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el que reportó que en el país pasó de 110 mil registros de desaparecidos a 12 mil 377 personas no localizadas.
Escoltan a caravanas de paisanos para evitar extorsiones en MéxicoPor robar camión y plagiar a chofer, Benjamín se va 50 años preso“Rechazamos el informe que afirma una reducción de 110 mil 964 registros a 12 mil 377 personas desaparecidas, y dividir las cifras en subclasificaciones que no son contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, expusieron.
A través de una carta abierta, exigieron que el gobierno federal publique las listas de las personas que colocó en las cinco subclasificaciones, principalmente la que identifica a las personas que supuestamente fueron encontradas, a efecto de que las familias puedan revisar y verificar en qué subclasificación colocaron a su ser querido.
Los datos del registro nacional se agregan mediante claves personalizadas que se asignan a cada institución, principalmente las 33 fiscalías y las 33 comisiones de búsqueda, por lo que sí es posible saber quién subió la información incompleta y perfeccionarla, por lo que no se debe trasladar esa responsabilidad a las familias y sociedad en general.
Denunciaron la falta de transparencia en el proceso que culminó en el informe, violando principios establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición, en las recomendaciones y observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y revictimizando a los familiares de personas desaparecidas al descalificar su legítima exigencia de participación directa y a la verdad y la justicia.
“Exigimos al gobierno federal y a los estatales, que asuman su obligación legal de investigar a través de las fiscalías general y locales, recabando datos e indicios para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos”.
Denunciaron la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que depuraron y modificaron el registro, así como la incongruencia en las cifras presentadas.
Asimismo, externaron su “indignación porque bajo el eufemismo de solicitar apoyo a la ciudadanía” se intenta delegar la obligación del Estado para investigar, buscar, localizar y restituir, como han hecho los anteriores gobiernos de los que el actual se pretende diferenciar.
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