La preocupación del INE sobre la imagen del proceso electoral no debe llevarlo a la complacencia. Es la instancia idónea para exigir al gobierno federal y de los estados cumplir con su responsabilidad de proveer seguridad pública para que las elecciones puedan transitar en normalidad para la jornada electoral y para las campañas. La complacencia conduce a la connivencia.
Semejante dilema al del INE ocurre con los partidos y los candidatos. Evidenciar el deterioro de la seguridad pública en amplios territorios del país, incluso en casi la totalidad de entidades -Guerrero-, los expone a la respuesta violenta de los criminales, inhibe a sus candidatos y simpatizantes y propicia la imagen de derrota anticipada. Sin embargo, las dirigencias de los partidos tienen la obligación de documentar las infracciones a la ley y anticipar que, efectivamente, si 20% de las casillas son irregulares, procedería anular los comicios de legisladores en el distrito o entidad que se presente; si ocurriera en 25% de las casillas en todo el país, la elección presidencial se anularía, esto sin dejar de considerar la violación genérica por la inequidad que resulta de la elección de Estado que promueve y conduce el presidente López Obrador.
La imagen importa y es bueno que el INE se preocupe, pero más relevante es la realidad. No se puede hablar de normalidad cuando el órgano competente del Consejo General para dar seguimiento a las campañas, la Comisión de Quejas y Denuncias, se la pasa reconviniendo al presidente. Las sanciones en el sentido de excluir de su acervo esas referencias ilegales porque dañan la equidad en la contienda y acreditan la parcialidad de las autoridades son llamadas a misa. El presidente violenta el marco legal una y otra vez. Además, está el financiamiento ilegal con recursos públicos; el oprobio del clientelismo electoral con los programas sociales, documentado por la encuesta de El Financiero, y que personal pagado por la sociedad sea empleado para actividades partidistas.
No es un tema de estética o de que se ve mal. La elección en puerta se perfila como la más violenta de la historia, guste o no a los consejeros. El crimen organizado controla amplios territorios, con expresiones violentas algunos, otros donde el orden es garantizado por el dominio criminal. Asimismo, los efectos que corrompen la legalidad de la elección por la interferencia del presidente y su parcialidad obligan al órgano electoral más que reconvenir al presidente a hacerle un llamado enérgico de que su conducta está comprometiendo la equidad en la contienda, la legitimidad de los resultados y la legalidad del proceso electoral.
Columna de Federico Berrueto en SDP Noticias
Foto Crisanta Espinosa
clh
