Benito Juárez fue el forjador del establecimiento del Estado de derecho en México y López Obrador su destructor.

Infame, pero legal avance del Verde… Y un manual para sobrevivir a la reforma judicialClaudia le pavimenta el camino… a élJuárez inició la consolidación de un Estado constitucional de derecho en el México convulso de división y confrontación del siglo XIX, sentando las bases de la división de poderes y la legalidad de la administración, además de la protección de las garantías de los derechos fundamentales del hombre. Esos principios se fueron fortaleciendo y dieron una vida institucional y mayormente democrática, legal y de justicia hasta llegar a la reforma del poder judicial de 1994, con la que se alcanzó que la SCJN sea la encargada de preservar el Estado de derecho, de velar por el apego a la Constitución y por el máximo respeto a los derechos fundamentales.

Algo que la propuesta del famoso Plan C busca destruir y regresar al país a aquellas épocas de conflictos e inestabilidad, donde prevalecía la ley del más fuerte, corrupto y desalmado. La misma simulación de encuesta da fe de ello.

La destrucción del poder judicial

En síntesis, AMLO propone: a) disminuir el número de integrantes del pleno de la SCJN de 11 a 9; b) cambiar los requisitos de elegibilidad con criterios de valor político y no técnicos, y de conocimiento de las leyes; c) las incompatibilidades; d) la duración del encargo; e) la renovación del mandato; f) el régimen de ausencias; g) la garantía de inamovilidad; h) la retribución económica; i) el régimen de responsabilidades, y j) el valor del voto.

Entre las propuestas de cambio está la elegibilidad y su mecanismo, y por consiguiente que los perfiles de las personas que busquen ingresar al PJF ya no sean relevantes ni tampoco que estos posean conocimientos especializados, que dominen los principios de interpretación de la ley o que demuestren experiencia en el arte de juzgar, así, quienes se postulen lo harán por tener alguna cercanía o por estar dispuestos a asumir compromisos con los grupos de poder político y/o fácticos.

La reforma al poder judicial está sustentada en términos completamente ideológicos y como parte de un movimiento internacional que impulsa proyectos de gobiernos populistas y autoritarios. No es solamente en México donde se ha iniciado este debate ni donde se quieren destruir los principios de legalidad, para favorecer gobiernos oligarcas, fascistas y autoritarios, corriente a la que pertenece AMLO.

Otros casos

La elección de los jueces por la vía del voto popular sólo existe en Bolivia. En 2011, el entonces presidente Evo Morales, el gran amigo de AMLO a quien le dio asilo y salvoconducto para escapar de la justicia, implementó una reforma para transformar el sistema judicial bajo el argumento de democratizar el acceso a la justicia, mejorar la transparencia y combatir la corrupción en el poder judicial. La misma justificación de AMLO.

Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), desde campaña había sostenido que el sistema judicial boliviano favorecía a los poderosos: “El sistema judicial en Bolivia está controlado por las élites que siempre han gobernado el país, favoreciendo a los poderosos y marginando a los pobres. Necesitamos un cambio radical para que la justicia sea accesible para todos los bolivianos”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional que tuvo la tarea de preseleccionar las candidaturas más idóneas era dominada por el MAS. Los críticos señalaron que filtrar los perfiles afines era una forma de mantener el control del gobierno.

Pero Bolivia no fue el único, le siguieron otros paises con mandatarios de perfiles muy similares, como en Turquía, donde Recep Tayyip Erdogan impulsó una iniciativa similar, purgando a más de 4 mil 400 jueces y fiscales que habrían sido sustituidos por nuevos funcionarios leales a él y a su partido.

En Israel el primer ministro, Benjamín Netanyahu de la coalición gobernante de extrema derecha está impulsando proyectos de ley que no solo debilitarían el sistema judicial, sino que le darían casi todo el poder al ejecutivo. Si bien, en estos momentos las iniciativas se encuentran en debate, y ciertamente detenidas, estas se inclinan en favor de Netanyahu por el conflicto con Palestina.

Las repercusiones

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el libro “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, donde 41 juristas, economistas y politólogos reconocidos analizan cada una de las iniciativas, ellos advierten que, la reforma al poder judicial concentraría el poder en la presidencia de la república.

Señalan que, de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial de la Federación será mayúsculo “y generará un movimiento pendular para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”.

Lo cierto es que estamos entre el autoritarismo populista o la democracia basada en Estado de derecho. De concretarse esta reforma las consecuencias económicas, políticas y sociales serán brutales.

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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

X: @diaz_manuel

Foto Moises Pablo Nava

clh

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