El diputado Éctor Ramírez Barba (PAN) impulsa una iniciativa de reforma constitucional, para establecer que la o el titular del Ejecutivo Federal deberá presentar sus informes de gobierno de forma presencial ante el Congreso de la Unión y escuchar los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios, así como las y los legisladores independientes.
El Congreso federal aprobó sólo 6 de cada 10 iniciativas de AMLOPrisión preventiva oficiosa, en la congeladora del Congreso federalLa propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, plantea reformar los artículos 69, 72 y 93 de la Carta Magna.
Estipula que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso “asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito”, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país.
Añade que “durante el desarrollo de dicha sesión, el presidente de la República escuchará un posicionamiento por cada grupo parlamentario representado en el Congreso y uno por los legisladores independientes, y tendrá derecho de réplica por cada participación”.
La iniciativa también pretende facultar a las cámaras del Congreso para citar al fiscal general de la República, así como a los titulares de las empresas productivas del Estado, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, de los órganos constitucionales autónomos, durante el análisis que hagan de cada informe de gobierno.
Establece que estos funcionarios están obligados “a asistir a las cámaras durante los meses de septiembre u octubre, conforme al calendario de comparecencias que fijen los grupos parlamentarios, no podrán negarse o excusarse de acudir a rendir cuentas o postergar la convocatoria de las cámaras, salvo que medie causa lo suficientemente justificada a juicio de la mayoría de los miembros del Pleno o comisión respectiva de cada cámara que los hubiera convocado”.
Agrega que, si existiera información pendiente por aclarar, los legisladores podrán citar a comparecer a los servidores públicos para que, en el plazo máximo de un mes, asistan nuevamente a rendir cuentas.
La eventual reforma indica que las comisiones de cada Cámara deberán desarrollar un informe por escrito de sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, el cual deberá ser remitido al titular del Ejecutivo Federal y al órgano de la administración pública competente para su debido seguimiento.
Asimismo, señala que la Auditoría Superior de la Federación dará seguimiento a las observaciones y sugerencias que las comisiones legislativas realizan del informe de gobierno.
En su exposición de motivos, el diputado Barba Ramírez refiere que en la Constitución Política de 1917 se definió un formato para la entrega de los informes de gobierno que rigió durante décadas, pues se estableció en el artículo 69 que el presidente de la República asistiría a la apertura de sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, del Congreso de la Unión y que, en la primera sesión ordinaria presentaría un informe por escrito sobre el estado de la Administración Pública del país.
Sin embargo, explica, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008, se eliminó la obligación del presidente de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión, con lo cual, únicamente se señalaba la obligación de presentar un informe por escrito.
El legislador subraya que esta reforma dificultó la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Argumenta que la rendición de cuentas es un principio fundamental para la consolidación democrática y construcción de sociedades involucradas en la vida pública del país, y que en este proceso de rendición de cuentas es indispensable que haya mecanismos con que se garantice el equilibrio entre los poderes de la Unión.
“El ejercicio de rendición de cuentas más importante entre Poderes es el informe de gobierno presidencial, así como el llamado a comparecencias y las preguntas parlamentarias que realizan los legisladores del Congreso de la Unión, en su calidad de representantes populares”, concluye.
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