La reforma judicial plantea un franco ingresó al hiperpresidencialismo autoritario, en un nivel que nunca se vivió antes; ahora, con el artificio que emana de la ilusión sobre la elección democrática de los juzgadores, se distrae la atención sobre el hecho de que el ejecutivo tendrá el control sobre quienes sean propuestos para estar inscritos en las boletas electorales y también obtiene la garantía de alcanzar el máximo alineamiento en la integración y operación del poder judicial a través de su instancia disciplinaria.
Esta vez no puedo coincidir ni con Raymundo ni con MacarioEl sendero del autócrataEn efecto, los proponentes de las candidaturas lo serán de forma paritaria el Congreso, a través de sus dos cámaras, la propia presidencia de la república y la Suprema Corte; en la primera instancia, estará acreditada la voluntad del ejecutivo federal a través de la mayoría que ejerce por medio de su partido de manera incontrastable; la segunda de ellas, lo coloca en un carácter de proponente directo y, en la tercera, su influencia a través de ministras y ministros que le son leales y de otros que se ven impactados o intimidados en su opinión, es evidente.
Así, las candidaturas que llegarán a las boletas para la curiosa elección democrática de la ciudadanía estarán integradas, en su abrumadora mayoría, por los perfiles que son de la preferencia presidencial. Por otra parte, si bien los partidos no deberán involucrarse formalmente en el proceso electivo, nadie desconoce que el movilizador social con mayor capacidad es el propio gobierno y el de su movimiento partidista, a través de intermediaciones que saben operar, sin que abiertamente lo hagan; por ende, los electores, de ser necesario, podrán ser inducidos conforme a la línea oficial.
Se trata de un círculo que cierra perfecto, pues controla las propuestas e influye en los electores, dentro de un proceso cuyos resultados no podrán escaparse de las manos presidencialistas y, aún si el impulso para “orientar a los electores” se viera acotado, el hecho de que las candidaturas emanan de la fuente y voluntad del ejecutivo federal asegura que el resultado sea el deseado. De esa manera estará garantizado que el cuerpo de juzgadores sea proclive al gobierno, esté atento a sus guiños, solícito a la voluntad y opinión presidencial.
Por si todo eso no fuera suficiente, para el caso de que algún juzgador despistado o despistada desatendiera, fuera omiso o cayera en descuido hacia la voluntad presidencial, su sometimiento estará garantizado por la intervención incontrastable y sin réplica alguna del poderoso tribunal de disciplina judicial, cuya integración estará sometido a iguales reglas que el de los ministros, magistrados y jueces, por tanto, a los mismos mecanismos de control y alineamiento sobre su elección.
Cabe destacar que entre las facultades del tribunal de disciplina se prevé la de sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia. Al respecto, la variable correspondiente al interés público abre una posibilidad de interpretación que permite “disciplinar” a un juzgador mediante criterios laxos o ideológicos.
El tribunal disciplinario surge como un instrumento imbatible para imponer medidas encaminadas a orientar el desempeño de los juzgadores, y de esa forma a garantizar que quien se aleje de la conducta que se estima se debe asumir, sea sometido a sanciones para incorporarlo en un comportamiento y desempeño que se considere “correcto”, sin posibilidades de contravenir o apelar las determinaciones tomadas por el órgano que de esa forma asume un carácter inquisitorial.
Conforme a ese diseño, el poder judicial deviene en una especie de agencia a operar dentro del ámbito de influencia y control del ejecutivo federal, pero ostentándose con la denominación retórica de un poder que goza de autonomía e independencia, con un imaginativo de que ejerce sus atribuciones con tal carácter. En consecuencia, la esfera de influencia y de control del presidencialismo crece de forma irrefrenable y con la capacidad de someter a su voluntad al conjunto de las instituciones públicas; amparado en la ficción de un régimen republicano, si bien desmantelado por dentro, pero que conserva la apariencia de mantener su legitimidad republicana en lo externo.
La reforma judicial exhibe el claro talante autoritario de lo que llaman el nuevo régimen que emana de la 4T. Sí, es un nuevo régimen, pero uno que se instala en un claro desplante autoritario que hace palidecer el que se tenía hace algunas décadas; pues son evidentes las diferencias del espacio y tiempo sobre un autoritarismo que en el pasado se instauró para brindar cauce a instituciones y programas que venían del reclamo revolucionario y sin las cuales la pacificación y estabilidad del país resultaban inalcanzables; pero ahora se trata de un autoritarismo desnudo, pues se fundamenta en el afán de dominio desde una pretendida legitimidad ética.
Ciertamente la hegemonía del PRI, siempre criticable, tuvo sin embargo la legitimación de que afanosamente persiguió detonar una vía de constante asenso en la calidad de la vida democrática del país, y que pudo acelerarse a través de lo que se denominó transición política, misma que finalmente condujo a un sistema competitivo de partidos y a la alternancia política en condiciones de acuerdo y de estabilidad.
Gracias a ese proceso, México no estuvo inscrito en la ruta de los golpes de Estado y de fracturas de gobierno que fue común en América Latina, lo que nos distingue positivamente como país.
La trayectoria democratizadora mexicana vivió en una ruta de ascenso gradual pero constante, de modo de llevar a suponer que esa tendencia sería institucionalizada y mantenida, pero ha sido interrumpida por la vía de una propensión contraria y opuesta; si bien México experimentó una trayectoria que fue de la hegemonía a la democracia, ahora parece caminar por la vía que va en sentido contrario, es decir de la democracia a la hegemonía.
El hecho de que el espíritu hegemónico de ahora se instale en la concentración de funciones y en el predominio presidencial para repudiar los excesos y desvíos del pasado, y que encuentre su legitimidad en la calidad ética de la presidencia, hace recordar la etapa del humanismo cívico del renacimiento en donde el buen gobierno se pretendía descansara en la virtud de los gobernantes. Si es así, en vez de pensar en cómo mejorar el régimen político, habrá que esperar que los gobernantes estén provistos de la iluminación necesaria para que estén dotados de la sabiduría y templanza que requieren.
La tradición del viejo espejo para príncipes, en donde se pretendía que en el fondo del espejo estuviera la imagen ideal del monarca y que éste buscara si se acomodaba o acoplaba a ella, y que dio lugar a la larga tradición de emitir consejos para los príncipes, pareciera volver desalojando el análisis de las estructuras políticas. En el fondo se trata de asumir, sin réplica, la supremacía del jefe o jefa de gobierno.
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