El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre, es un recordatorio poderoso de los desafíos que enfrentan las mujeres en su lucha por vivir libres de violencia. Esta fecha, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, da inicio a los 16 días de activismo contra la violencia de género, un movimiento global que busca visibilizar y erradicar todas las formas de violencia que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas en el mundo.
México y España, un vínculo indestructibleClaudia no apoya a LeniaLa pandemia de COVID-19 exacerbó desigualdades preexistentes, dejando en evidencia las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres. Según datos de la ONU, durante el confinamiento se dispararon los casos de violencia doméstica, abuso sexual y explotación económica, especialmente en las poblaciones más vulnerables, como mujeres, niñas y personas con discapacidad. Estas realidades reflejan no solo la persistencia de la violencia directa, sino también de formas más insidiosas, como la violencia estructural y cultural, conceptos analizados en profundidad por Johan Galtung en su obra “Violence, Peace, and Peace Research” (1969).
El enfoque de Galtung establece que la violencia puede dividirse en tres categorías principales:
1. Violencia directa: incluye agresiones físicas y actos evidentes de abuso, como feminicidios, violencia sexual y maltrato físico. Es visible y fácilmente identificable.
2. Violencia estructural: se encuentra en las instituciones, leyes y sistemas sociales que perpetúan inequidades y limitan el acceso de las mujeres a derechos y recursos básicos.
3. Violencia cultural: justifica y legitima las otras formas de violencia a través de normas, valores, tradiciones y creencias profundamente arraigadas en la sociedad.
En México, el combate a la violencia directa ha mostrado avances significativos, especialmente en la lucha contra el feminicidio. Sin embargo, las formas estructurales y culturales de violencia siguen siendo desafíos persistentes que requieren atención sistemática y estrategias sostenibles.
En México, la violencia directa, particularmente la violencia feminicida, ha sido un tema prioritario en la agenda política y legislativa. Uno de los hitos más importantes en este ámbito es el caso de Mariana Lima Buendía, cuyo feminicidio, inicialmente clasificado como suicidio, marcó un precedente histórico en el país. Tras años de lucha por parte de su madre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó en 2015 que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como feminicidios hasta que se descarte esta hipótesis.
Este caso no solo visibilizó la negligencia institucional, sino que también impulsó cambios en la forma en que el sistema judicial aborda los casos de violencia de género. Desde entonces, México ha fortalecido su marco legal con leyes emblemáticas que buscan proteger a las mujeres y sancionar a los agresores:
- Ley Ingrid: sanciona la difusión indebida de imágenes de víctimas, protegiendo la dignidad y privacidad de las mujeres.
- Ley Olimpia: penaliza la violencia digital, incluyendo la difusión no consentida de contenido íntimo.
- Ley Vicaria: reconoce la violencia ejercida a través de los hijos como una forma de control y daño hacia las madres.
- Ley 3 de 3: impide que agresores y deudores alimentarios ocupen cargos públicos.
- Ley Ácida María Elena: incrementa las penas para ataques con sustancias corrosivas.
Estos avances demuestran el compromiso legislativo para erradicar la violencia directa. Sin embargo, la efectividad de estas leyes depende de su implementación adecuada, la capacitación de las autoridades y la eliminación de prácticas discriminatorias dentro del sistema judicial.
Aunque los avances contra la violencia directa son innegables, la violencia estructural sigue afectando la vida cotidiana de millones de mujeres en México. Esta forma de violencia se refleja en barreras económicas, laborales y sociales que limitan las oportunidades de las mujeres y perpetúan la desigualdad de género.
La violencia estructural se llama “invisible” porque no se manifiesta en actos físicos evidentes como golpes o insultos (violencia directa), sino que está integrada en las estructuras sociales, económicas y políticas. Este tipo de violencia opera de manera sutil y cotidiana, a través de sistemas que perpetúan desigualdades, discriminación y exclusión. Por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la educación, la salud, el empleo o la justicia no siempre se percibe como un acto violento, pero causa un daño profundo al limitar las oportunidades y derechos de las personas.
Ejemplos de violencia estructural:
- Brechas salariales entre hombres y mujeres.
- Acceso desigual a servicios de salud de calidad.
- Exclusión de mujeres de posiciones de liderazgo en sectores clave.
La violencia institucional es una forma de violencia estructural porque surge de prácticas, normas y procedimientos dentro de instituciones públicas o privadas que perpetúan desigualdades o injusticias. Las instituciones (como el sistema judicial, educativo o de salud) son parte de la estructura social y, cuando no funcionan de manera equitativa, generan violencia indirecta hacia ciertos grupos. Por ejemplo:
- Cuando un sistema de justicia no investiga adecuadamente casos de feminicidio o violencia de género, está ejerciendo violencia institucional al negar justicia a las víctimas.
- Cuando las políticas educativas no consideran las necesidades de niñas y adolescentes en zonas marginadas, están reproduciendo desigualdades que afectan su desarrollo.
Ambas formas (estructural e institucional) son invisibles en el sentido de que no siempre son reconocidas como violencia, pero sus efectos son reales, profundos y persistentes.
Un ejemplo claro es el ámbito laboral, donde el acoso sexual, la discriminación salarial y la falta de políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar son problemas recurrentes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado estas cuestiones en el marco del Convenio 190 sobre Violencia y Acoso, adoptado en 2019 y ratificado por México en 2022. Este convenio, fruto de la lucha de mujeres sindicalistas, define la violencia y el acoso como comportamientos inaceptables y establece estándares globales para erradicar estas prácticas.
El Convenio 190 también subraya la importancia de prevenir el acoso en los espacios laborales, promoviendo ambientes seguros y libres de violencia. Su implementación efectiva en México representa una oportunidad para abordar las desigualdades estructurales y avanzar hacia una igualdad sustantiva.
La igualdad de género no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia económica con un impacto significativo en el desarrollo nacional e internacional. Según estudios del Foro Económico Mundial y de McKinsey, cerrar la brecha de género podría aumentar el PIB global en un 26%.
En México, el reconocimiento de la igualdad de género y de la paridad como un principio constitucional en 2019 marco un cambio significativo. Este avance ha permitido la creación de políticas públicas y reformas legales que impulsan la participación de las mujeres en todos los ámbitos, desde el político hasta el económico.
Amartya Sen, en su obra “Development as Freedom” (1999), subraya que el desarrollo humano radica en la expansión de las libertades individuales y colectivas. La integración plena de las mujeres en el mercado laboral y su acceso a oportunidades económicas no solo promueve su empoderamiento, sino que también fortalece el tejido social y económico de las naciones.
El cambio cultural es esencial para erradicar las formas más profundas de violencia contra las mujeres, aquellas que se encuentran en las normas y estereotipos de género. La educación juega un papel fundamental en este proceso, al igual que el liderazgo femenino en puestos clave de decisión.
La llegada de una mujer a la presidencia de México podría tener un impacto transformador, similar al liderazgo de Angela Merkel en Alemania. Durante los 16 años de su gobierno, Merkel no solo demostró que las mujeres pueden ocupar los más altos cargos de responsabilidad, sino que también inspiró a una generación de niñas y niños a imaginar un futuro donde el género no sea un obstáculo.
Como señala John Stuart Mill en “The Subjection of Women” (1869), la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia, sino un requisito para el progreso social. La lucha por la igualdad no debe ser vista como un esfuerzo exclusivamente femenino, sino como una tarea colectiva que beneficia a toda la sociedad.
México ha avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a través de reformas legislativas y constitucionales. Sin embargo, el desafío ahora es pasar de la igualdad legal a la igualdad sustantiva, que garantice condiciones reales de equidad en todos los ámbitos de la vida.
La reforma de igualdad sustantiva, actualmente en proceso, propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución para eliminar barreras legales, promover la paridad en todos los niveles y garantizar condiciones justas para mujeres y hombres. Esta reforma busca no solo reconocer la igualdad en la ley, la cual era necesaria, pero no suficiente, sino también crear las condiciones necesarias para que se traduzca en cambios concretos en la vida diaria.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos recuerda que la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género es una tarea inacabada. Si bien se han logrado avances significativos, queda mucho por hacer para garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación.
Como destaca Martha Nussbaum en “Women and Human Development: The Capabilities Approach” (2000), el empoderamiento de las mujeres radica en el desarrollo de sus capacidades internas y en la eliminación de las barreras que limitan su libertad. Este empoderamiento no solo beneficia a las mujeres, sino también a los grupos más vulnerables de la sociedad, promoviendo el desarrollo humano y el bienestar colectivo.
Los 16 días de activismo que siguen al 25N son una oportunidad para reflexionar y actuar. La igualdad de género no es solo un objetivo, sino un medio para construir un mundo más justo, equitativo y libre. Como sociedad, debemos seguir avanzando hacia un futuro donde el desarrollo y la libertad sean derechos universales para todas y todos.
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Columna de Mónica Güicho en SDP Noticias
Abogada y ex magistrada federal
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