En principio, la inhabilitación impuesta en 2015 tenía vigencia por un año.
A Machado además, se le acusó de haber participado en “una trama de corrupción” encabezada por Guaidó, reconocido entre enero 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos que desconocieron la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 al tildarla de “fraudulenta”.
En su lugar, se entregó la candidatura a Corina Yoris. Sin embargo, llegada la fecha límite Yoris no pudo formalizar su inscripción en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la “persistencia” de “problemas técnicos”.
Yoris explicó que para el registro se requerían dos personas de la PUD y Un Nuevo Tiempo “que tienen unas claves para un formulario que se tramita de manera digital, y luego se envían los papeles al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Pero la oposición no han podido acceder a los códigos. “No deja entrar, no te mandan las claves”, dijo Yoris.
Luego entonces, la Comisión Internacional de Derechos Humanos se vio obligada a intervenir haciendo un severo llamado: estas acciones restringen la oferta electoral (...) desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo”, denunció la Comisión, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“El Estado de Venezuela debe asegurar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales, sin arbitrariedades”, insistió.
“Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral corrobora que el poder electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad” y esto “anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas”, protestó en un comunicado.
De último momento entró al relevo Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo a observadores electorales y las actas computadas, fue el ganador de la elección. Ello, a pesar que Maduro había negado el derecho a votar a unos 4.5 millones de venezolanos que viven en el extranjero, que en su mayoría son opositores al gobierno y representan más del 20% del total de votantes del país. Además, había arrestado a activistas de la oposición y censurado a los medios de comunicación.
Aún así, González Urrutia habría ganado con cerca del 70% de los votos. Pero el robo estaba puesto en marcha.
Para “El Nuevo Herald de Miami”, Andrés Oppenheimer escribió:
“En primer lugar, todas las encuestas preelectorales creíbles mostraron que el candidato opositor González Urrutia le llevaba una ventaja de por lo menos 25 puntos porcentuales a Maduro. Una encuesta preelectoral de la consultora ORC le dio a González Urrutia el 60% de los votos, contra un 14.6% para Maduro.
En segundo lugar, una encuesta de salida realizada el día de las elecciones por Edison Research, la respetada firma que realiza exit polls para las principales cadenas de televisión en Estados Unidos y otros países, concluyó que González Urrutia obtuvo el 64% de los votos, mientras que Maduro sacó solo el 31%. La encuesta de salida de Edison Research entrevistó a 6,846 votantes en 100 centros de votación en toda Venezuela.
Los resultados oficiales anunciados por el régimen venezolano “son completamente contrarios a lo que mostró nuestra encuesta de salida”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Edison, Rob Farbman, a la estación de radio FM de Colombia. La encuesta mostró que “básicamente fue una victoria aplastante de González (Urrutia) y la oposición”, agregó.
En tercer lugar, la noche de las elecciones, el régimen de Maduro retrasó el primer anuncio sobre los resultados por seis horas y prohibió a los representantes de la oposición acceder a los centros de cómputos del Consejo Nacional Electoral.
Más importante aún, las autoridades electorales de Maduro se negaron a dar a conocer los resultados por lugar de votación, o por mesa, como lo exige la ley venezolana”.
Maduro nunca presentó las actas que respaldaran su supuesto triunfo. Se declaró ganador y eso bastó.
Los gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron, de forma conjunta, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia que validó la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
En un comunicado conjunto, aseguraron que ya se habían manifestado por el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas
“Solo una auditoria imparcial e independiente que evalúe todas las actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela,” declaró el comunicado.
Presidentes de gobiernos aliados como Lula de Brasil y Gustavo Petro de Colombia rechazaron reconocer el triunfo de Maduro hasta conocer las actas. Caso contrario el del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien sin una sola prueba le reconoció el triunfo.
Maduro no admitió su derrota, y acudió al Tribunal Supremo de Justicia para certificar los resultados. El Ministerio Público emitió una orden de captura contra González Urrutia por la supuesta comisión de los delitos de «usurpación de funciones, asociación, sabotaje, conspiración, forjamiento de documentos públicos e instigación a la desobediencia de las leyes», debiendo salir huyendo de Venezuela el 7 de septiembre de 2024 con rumbo a España, donde inició su trámite de asilo político.
El 18 de septiembre, denunció haber sido coaccionado por representantes del chavismo para firmar un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro. Según González, durante su estancia en la residencia del embajador de España en Caracas, fue presionado para aceptar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo, que otorgaban la victoria electoral a Maduro. González afirmó que firmó el documento bajo coacción, considerando que su consentimiento estaba viciado y, por lo tanto, carecía de validez legal.
El triunfo de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tiene el respaldo del Parlamento Europeo; la resolución fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. La Eurocámara instó a la Unión Europea (UE) a «hacer todo lo posible para garantizar» que González Urrutia pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025.
El 19 de noviembre Estados Unidos decidió por primera vez reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela durante las reuniones del Grupo de los 20 en Río de Janeiro.
De acuerdo con el Informe Postelectoral “Derechos Humanos en Venezuela en Movimiento”, elaborado por un conjunto de 25 organizaciones civiles, en el que se revela la profunda crisis que dejó la jornada electoral, el gobierno ejerció métodos “duros” y “blandos”. Se lee:
Para neutralizar a corto plazo las protestas las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Además, se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios. Estos mecanismos “duros” fueron, luego del 31 de agosto, complementados con mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales.
Este jueves 26 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa que enviará a representantes de México a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, reconociendo su “triunfo” en las últimas elecciones.
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Columna de Salvador Cosío en SDP Noticias
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