El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una demanda interpuesta por un grupo de 18 estados y varias ciudades tras la firma de una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución estadounidense desde 1868. El proceso fue presentado en un tribunal federal de Massachusetts el pasado martes y alega que la medida es ilegal y contraria a la Enmienda 14 de la Carta Magna, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
La orden ejecutiva, firmada durante las primeras horas del segundo mandato de Trump, establece que los hijos de inmigrantes indocumentados o aquellos con estatus migratorio temporal, como turistas o estudiantes, no podrán obtener la ciudadanía. Esta decisión ha sido ampliamente rechazada por fiscales generales de estados como Nueva York, California y Massachusetts, quienes argumentan que el presidente no tiene autoridad para modificar un principio constitucional de esta magnitud. "Los presidentes pueden ser poderosos, pero no son reyes", destacó Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.
Los estados demandantes sostienen que el decreto presidencial podría causar daños irreparables, limitando el acceso a derechos básicos como pasaportes o servicios públicos para los niños nacidos en el país de padres indocumentados. Según los demandantes, la acción de Trump no solo afecta a los inmigrantes, sino que también amenaza a toda la población que depende de estos derechos para su vida cotidiana.
La Enmienda 14, que establece la ciudadanía automática para cualquier persona nacida en Estados Unidos, ha sido interpretada de la misma manera durante más de 100 años. A pesar de los intentos de varios políticos y jueces conservadores de restringir este derecho, la postura de los tribunales ha sido consistente en respaldar la ciudadanía por nacimiento, salvo en casos muy específicos, como los hijos de diplomáticos extranjeros. No obstante, la reciente postura del juez James C. Ho, nominado por Trump, quien comparó a los inmigrantes indocumentados con un "ejército invasor", refleja la creciente polarización sobre este tema en el poder judicial.
Expertos legales como Gerard Magliocca, profesor de la Universidad de Indiana, consideran que el fallo de los tribunales será desfavorable para la administración Trump. Según Magliocca, existe una alta probabilidad de que los tribunales rechacen la orden ejecutiva basándose en precedentes legales y limitaciones al poder ejecutivo en decisiones controvertidas. La batalla legal sobre este asunto podría extenderse por meses, mientras se debate si el presidente tiene el poder de modificar la Constitución con una simple firma.
Foto cortesía
xmh
Vistas: 104
