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Martes, 18 de Febrero de 2025

¿Es posible destituir a un gobernador en México? Lo que dice la Constitución

Según el artículo 116 de la Constitución, el cargo de gobernador es de elección popular y está sujeto a una posible revocación durante el periodo para el que fue elegido
Miércoles, 29 de Enero de 2025 19:13
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Xóchitl Montero

En México, los gobernadores son elegidos cada seis años en comicios locales, pero surge una pregunta importante: ¿se puede remover a un mandatario local antes de que termine su periodo? La respuesta es sí, y la base legal para ello se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIDEO Bomberos controlan incendio en casona de San FranciscoTen mucho cuidado con la nueva modalidad de estafa, se trata del RobocallingSegún el artículo 116 de la Constitución, el cargo de gobernador es de elección popular y está sujeto a una posible revocación durante el periodo para el que fue elegido.

Esta facultad se detalla en las leyes locales de cada estado, las cuales deben establecer los procesos específicos de revocación o remoción. En resumen, aunque un gobernador puede ser destituido antes de finalizar su mandato, los criterios y procedimientos varían dependiendo de la constitución de cada entidad federativa.

¿Cómo funciona la revocación de mandato?

El artículo 116 establece que el mandato de los gobernadores no puede exceder de seis años, pero también señala que su permanencia puede ser cuestionada bajo determinadas condiciones. ¿Qué implica esto? Que los ciudadanos, el Congreso local o incluso el mismo gobernador pueden impulsar la remoción del cargo en situaciones que sean calificadas como "graves", de acuerdo con las constituciones estatales.

Los casos específicos: ¿Qué dicen las constituciones estatales?

Sinaloa es uno de los estados donde recientemente se ha hablado de la posible remoción de un gobernador. En la Constitución de Sinaloa, el artículo 63 establece que el gobernador solo podrá renunciar si existe una "causa grave", la cual será determinada por el Congreso local.

Sin embargo, el término "causa grave" no está claramente definido, lo que deja un amplio margen de interpretación. En las últimas semanas, ciudadanos han expresado su descontento con el gobernador actual, Rubén Rocha Moya, pidiendo su remoción debido a diversos factores políticos y sociales.

Por otro lado, el Estado de México, en su artículo 76, también establece que el gobernador podrá renunciar por una "causa grave" o solicitar una licencia por una "causa justificada", pero cualquiera de estas acciones debe ser aprobada por la Legislatura estatal. Esta regulación refleja que el proceso de destitución no es automático, sino que depende de un análisis por parte de los representantes del pueblo.

En Chihuahua, la Constitución es similar a la de otros estados, estableciendo que el cargo de gobernador solo puede ser renunciado por "causa grave", la cual debe ser calificada por el Congreso local, ante el cual se presentará la renuncia.

El debate sobre la remoción de gobernadores

La posibilidad de destituir a un gobernador no solo genera incertidumbre política, sino que también abre un debate sobre la eficacia de los mecanismos de control en el país. En algunos estados, las causas que se consideran “graves” para justificar una destitución no están bien definidas, lo que deja lugar a interpretaciones que pueden ser utilizadas con fines políticos.

Por ejemplo, en Sinaloa, la falta de claridad sobre lo que constituye una “causa grave” ha llevado a que grupos ciudadanos y políticos exijan que el gobernador sea removido, aunque no se ha definido de manera precisa si los motivos actuales serían suficientes para aplicar esta medida.

En un contexto más amplio, esta falta de claridad también se ha interpretado como un riesgo de que los procesos de remoción se conviertan en instrumentos de lucha política, más que en mecanismos para garantizar el bienestar y la estabilidad de las entidades federativas.

¿Qué significa esto para la política mexicana?

El hecho de que los gobernadores puedan ser removidos antes de concluir su mandato resalta la importancia de contar con normas claras y específicas para evitar que estos procesos se conviertan en un juego de intereses. La Constitución federal da un marco legal para la revocación de mandato, pero son las leyes locales las que marcan los detalles de cómo se lleva a cabo esta medida.

En este sentido, la reforma que entró en vigor en enero de 2025 busca dar más claridad a estos procesos, pero será necesario que las autoridades y legisladores estatales trabajen para evitar que las destituciones se conviertan en una herramienta de confrontación política, en lugar de una solución legítima ante situaciones de mal gobierno.

La constante interacción entre las leyes federales y locales deja en claro que la destitución de un gobernador no es una medida fácil ni rápida, pero es un derecho que los ciudadanos pueden exigir si existen causas justas y bien fundamentadas. Sin embargo, la interpretación de estos términos es lo que realmente marcará el futuro de la política en cada estado de la República Mexicana.

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Foto cortesía

xmh

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