Washington, D.C. – El gobierno del presidente Donald Trump ha tomado una decisión que afectará a más de 530 mil migrantes que se encuentran en Estados Unidos bajo un estatus de protección temporal. A partir del 24 de abril de 2025, se revocará el permiso condicional otorgado a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una medida que ha sido objeto de intensas críticas y que pone en riesgo la permanencia legal de miles de personas.
Se aprueba extensión del cargo de representantes del Consejo UniversitarioAparatoso accidente cobra la vida de una persona y deja 3 lesionados en ZacatlánEste cambio en la política migratoria se produce en el marco de una intensificación de la aplicación de las leyes migratorias en EE. UU., donde la administración Trump ha declarado su intención de priorizar la deportación de migrantes indocumentados, particularmente aquellos que llegaron al país bajo medidas implementadas por el gobierno de Joe Biden. En 2022 y 2023, el mandatario demócrata había creado programas humanitarios que permitían a personas de varios países ingresar de manera legal, siempre y cuando contaran con patrocinadores dentro de los Estados Unidos.
El estatus legal temporal que beneficiaba a estos migrantes les otorgaba un permiso de ingreso condicionado por dos años, lo cual les permitió el acceso al país bajo circunstancias humanitarias, sin la necesidad de pasar por los complicados procedimientos de asilo. Sin embargo, Trump ha considerado que estas medidas, que fueron tomadas por su predecesor, no cumplen con los estándares legales adecuados y, mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, ha decidido eliminar estos permisos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha explicado que la revocación del estatus condicional acelerará el proceso de deportación de aquellos migrantes que hayan sido beneficiarios de estos permisos, lo que implica que podrán ser expulsados del país sin necesidad de un juicio ante un juez de inmigración, como dicta la política de "deportación acelerada" aplicada durante el gobierno de Trump. Esta medida afectará a miles de personas que llegaron a EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida o huyendo de situaciones de violencia o crisis humanitarias en sus países de origen.
El impacto de esta decisión podría ser devastador, especialmente para aquellos que aún no han logrado regularizar su estatus legal en el país. Los migrantes afectados por esta medida incluyen a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, países que han enfrentado condiciones políticas y económicas extremadamente difíciles en los últimos años. Muchos de ellos llegaron a EE. UU. con la esperanza de encontrar un refugio seguro, pero ahora se enfrentan a la posibilidad de ser deportados sin la oportunidad de defenderse en un tribunal.
Además, el gobierno de Trump ha señalado que está evaluando la posibilidad de revocar la protección temporal que actualmente se otorga a los 240 mil ucranianos que llegaron a EE. UU. desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Esta medida ha levantado preocupaciones entre los defensores de los derechos humanos, quienes temen que la política de "deportación acelerada" se convierta en una herramienta para despojar de protección a personas vulnerables, en lugar de ofrecer soluciones equitativas y humanas.
Mientras tanto, organizaciones civiles han señalado que la revocación del estatus de estos migrantes podría ser contraproducente en términos de seguridad fronteriza. En lugar de priorizar las deportaciones, algunos expertos proponen reforzar los mecanismos legales de asilo y mejorar las condiciones de recepción de migrantes, especialmente para aquellos que huyen de situaciones extremas en sus países. Sin embargo, la administración Trump sigue firme en su enfoque de limitar las entradas de migrantes bajo el argumento de que la política de Biden ha fomentado los cruces ilegales por la frontera sur.
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