Lo que sigue es la fiscalía anticorrupción en la Ciudad de México.
Desde el pasado 5 de febrero, cuando se dio a conocer la terna de personas candidatas a encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, ha llamado la atención que, de los tres perfiles propuestos, dos sean de hombres y uno solo de mujer: Gerardo Huerta Alcalá, César Silva y Adriana Greaves Muñoz. ¿Mayoría de varones en tiempo de mujeres? Debe ser legal, pero definitivamente es poco estético y en la actualidad escasamente ético.
Uno de los hombres es el gran favorito, dice la comentocracia. Pero tiene un problema, precisamente con las mujeres. Me refiero a José Gerardo Huerta, actual titular de la Unidad de Asuntos Internos de la fiscalía capitalina.
En sus comparecencias ante el Consejo Judicial Ciudadano y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del congreso local, Huerta dejó en claro que su prioridad sería dar continuidad al trabajo que ya realiza esa fiscalía. ¿Continuidad sin cambio en una dependencia en la que se ha abusado de las mujeres, lo que denunció la propia fiscal Alcalde Luján? Huerta sostuvo, incluso, que dotar de mayor autonomía a la fiscalía anticorrupción no sería recomendable, pues podría afectar la coordinación con la fiscalía general. No estoy de acuerdo: la autonomía jamás estorba.
Es el favorito, pero lo que se escucha en los pasillos del congreso de la Ciudad de México podría complicar su nombramiento. Diversas diputadas han expresado, de manera informal, su rechazo a respaldar su candidatura debido a señalamientos de haber dejado en la impunidad, e incluso apoyado, casos de acoso, misoginia y violencia contra las mujeres en la fiscalía capitalina. Si estas posturas se consolidan, Huerta podría enfrentar un bloqueo importante… y esto, sin duda, sería una ventaja para la única mujer en la terna, Adriana Greaves Muñoz. Ojalá así suceda. El perfil de Greaves vale mucho la pena.
Ella es una mujer con una visión distinta: una propuesta que apuesta por ciudadanizar el combate a la corrupción y poner a las víctimas al centro. En sus entrevistas ha planteado ideas concretas, hasta transformadoras: propone fortalecer el reconocimiento formal de las víctimas de corrupción, crear mecanismos de denuncia ciudadana que funcionen como sistemas de alerta internos, y ampliar el enfoque para no limitarse a perseguir servidores públicos, sino también a quienes alimentan el otro lado de la red: empresas fantasma, defraudadores fiscales y licitaciones amañadas que desvían millones de pesos del dinero público destinado a servicios esenciales.
Pero Adriana Greaves va más allá. Entre sus propuestas está la necesidad de establecer protocolos claros de priorización de casos, alineados con el modelo de segmentación impulsado por la fiscal Alcalde Luján, con el fin de construir investigaciones que no solo busquen sancionar, sino que se conviertan en casos ejemplificativos. Es decir, que permitan enviar un mensaje contundente de cero tolerancia a la corrupción, a través de la visibilización pública, la justicia restaurativa y la reparación del daño. La jurista Greaves propone una justicia centrada en las víctimas, que no se conforme con castigos simbólicos, sino que realmente transforme la relación entre el Estado y la ciudadanía.
En el título de esta columna dije que el combate a la corrupción debe tener cara de mujer. No lo afirmo solo porque es tiempo de mujeres, aunque sin duda lo es. Lo sostengo porque, en México, son las mujeres quienes más enfrentan el deterioro de los servicios públicos. Son ellas quienes cuidan a niños, niñas, personas mayores y familiares enfermos, quienes hacen fila en oficinas gubernamentales, quienes reportan fugas, apagones o falta de medicamentos. Son ellas quienes viven de forma más directa el costo de la corrupción.
Pero también lo digo porque históricamente las mujeres han estado excluidas de los círculos de poder que han alimentado las redes corruptas. No participaron en ellas, no se beneficiaron de ellas, no tienen lealtades con ellas. Y eso, precisamente, las convierte en candidatas ideales para romperlas.
En una ciudad como la capital mexicana que, a pesar del discurso, aún no cuenta con un verdadero sistema local anticorrupción funcional, este nombramiento se vuelve crucial. No solo para el gobierno capitalino, sino también para el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. La fiscalía anticorrupción no puede ser una oficina de trámite: debe ser un motor de cambio, algo que solo las mujeres pueden garantizar.
