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La promesa de Donald Trump de retomar la presidencia de Estados Unidos en 2025 trae consigo un plan migratorio que ha generado fuertes reacciones: deportar a un millón de personas en un solo año. Aunque suena como una medida contundente contra la migración irregular, expertos en temas migratorios y funcionarios del propio gobierno estadounidense coinciden en que esa meta no solo es difícil de alcanzar, sino que también podría cruzar varias líneas legales y humanitarias.
Enfrentamiento entre tianguistas desata balacera en San Isidro Prohíben venta de alcohol en Puebla por el Viernes SantoEl presidente ha puesto este objetivo como una de las piezas centrales de su campaña, y su equipo ya está en contacto con agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para evaluar las rutas legales y logísticas para implementarlo.
El número más alto de deportaciones registrado en un solo año fue durante la presidencia de Barack Obama, con poco más de 400 mil personas expulsadas. La cifra que plantea Trump duplicaría ese récord, sin que hasta el momento su equipo haya explicado cómo lograría ejecutar las deportaciones ni con qué recursos.
Una de las estrategias planteadas es aprovechar las más de 1.4 millones de órdenes de deportación pendientes que existen actualmente en el sistema. Muchas de estas órdenes no se han llevado a cabo porque los países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos o los trámites se alargan por años.
Ante esta situación, el equipo de Trump ha empezado a negociar con una treintena de países para que acepten migrantes que no son sus nacionales, como parte de una política para agilizar las expulsiones. Ya se han realizado deportaciones a lugares como México, Costa Rica, Panamá y Ruanda, bajo acuerdos poco claros y sin transparencia.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas deportaciones por posibles violaciones al debido proceso, sobre todo cuando se trata de migrantes que tienen derecho a solicitar asilo o una audiencia en corte.
El principal obstáculo para este plan es que el sistema migratorio de Estados Unidos no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar deportaciones masivas. Faltan agentes, vuelos, centros de detención y jueces que puedan resolver casos con la rapidez que requeriría una operación de esa magnitud.
De hecho, se estima que este año fiscal el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizará alrededor de 212 mil deportaciones, una cifra inferior a la del año anterior.
Además, las deportaciones no pueden realizarse de manera indiscriminada. Hay procesos legales en curso, apelaciones, solicitudes de refugio y otras garantías constitucionales que deben respetarse.
Trump ha utilizado un discurso fuerte en torno a este tema. En su plataforma Truth Social, agradeció al presidente salvadoreño por su colaboración: “Gracias, presidente Bukele, de El Salvador, por llevarte a los criminales”, en referencia a migrantes enviados a cárceles en ese país. Sin embargo, familiares de algunos de los deportados han negado cualquier vínculo con el crimen organizado.
Jueces federales y defensores de derechos humanos han encendido las alarmas, advirtiendo que estas políticas podrían traducirse en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos.
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