Los Ángeles, Cal. - La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró estado de emergencia local y anunció un toque de queda en una zona del centro de la ciudad, luego de varios días de protestas que derivaron en actos de vandalismo y saqueo. La medida se aplicará desde las 8 de la noche del martes hasta las 6 de la mañana del miércoles, con el objetivo de contener los disturbios.
Tras consolidar el PJ, se homologará la Fiscalía de Puebla con FGR: ArmentaSe realizará la obra financiera más importante del sexenio en el Museo Barroco: ArmentaEl área restringida comprende aproximadamente 2.59 kilómetros cuadrados, abarcando la zona donde se han registrado las manifestaciones más intensas desde el pasado viernes. De acuerdo con las autoridades locales, al menos 23 negocios fueron saqueados en los últimos días, lo que llevó a las autoridades a considerar que la situación había “llegado a un punto de inflexión”.
“Estamos tomando esta medida para detener el vandalismo, para detener el saqueo”, declaró Bass durante una conferencia de prensa. La alcaldesa también hizo un llamado a mantener la protesta dentro de los márgenes pacíficos y aseguró que la decisión del toque de queda no busca impedir la libre expresión, sino garantizar la seguridad de los residentes y trabajadores de la zona.
Aunque no se detallaron los grupos detrás de las manifestaciones, medios locales han reportado que la tensión surgió tras un incidente reciente de uso excesivo de fuerza policial, lo que volvió a detonar protestas en varias ciudades de Estados Unidos, incluida Los Ángeles. Este tipo de movilizaciones ya ha ocurrido en años anteriores, sobre todo tras casos de brutalidad policiaca como el de George Floyd en 2020, que también llevaron a la imposición de toques de queda similares.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que mantendrá una presencia reforzada en la zona durante la noche y pidió a la población no acercarse al área restringida. Aquellas personas que no respeten el toque de queda podrían enfrentar sanciones administrativas o incluso detenciones, según lo establece la legislación local.
Organizaciones civiles han manifestado su preocupación por el uso de esta medida, al considerar que puede dar lugar a abusos de autoridad o limitar la participación ciudadana. No obstante, el gobierno municipal sostiene que se trata de una acción temporal para contener una situación fuera de control.
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