A pesar de haber sido destituido de su cargo, el exsecretario de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, Juan Alberto Domínguez López, continúa sosteniendo reuniones con funcionarios municipales y acudiendo a las instalaciones del Ayuntamiento, según denunciaron pobladores del municipio.
En medio de las protestas que exigen la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, ciudadanos difundieron fotografías y videos en los que se observa al exfuncionario recorriendo las inmediaciones del Palacio Municipal en compañía de la alcaldesa, incluso frente al plantón que permanece instalado en la explanada principal.
La situación ha generado inconformidad entre los manifestantes, quienes exigen una explicación sobre la presencia de Domínguez López, quien además fue captado dialogando con funcionarios municipales, entre ellos el director de Vialidad y Tránsito Municipal, Fernando Ramírez Aranda, mientras era acompañado por elementos de seguridad.
Los hechos ocurren a poco más de una semana de que el Gobierno del Estado asumiera el control de la seguridad pública en Acatlán de Osorio, luego de que Domínguez López fuera separado del cargo por ingresar armado y vestido de civil a una sesión de Cabildo.
Sin embargo, la crisis política y de seguridad en el municipio se venía gestando desde meses atrás. Entre las principales preocupaciones se encuentran las presuntas amenazas atribuidas al grupo delictivo conocido como “Los Rojos”, que mantiene presencia en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
Con el objetivo de atender el conflicto, el Gobierno de Puebla promovió una mesa de diálogo el pasado 19 de junio, en la que participaron los ocho regidores y el síndico municipal, quienes presentaron diversas demandas relacionadas con la gobernabilidad del municipio.
Entre los acuerdos alcanzados se ratificó la destitución del secretario de Seguridad Pública y del titular de la Secretaría General del Ayuntamiento. Asimismo, se planteó la integración de ternas para cubrir ambos cargos y evitar que las áreas permanezcan acéfalas.
También se acordó revisar la homologación salarial de trabajadores municipales, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciará investigaciones sobre presuntos hechos con apariencia de delito cometidos por integrantes del cuerpo edilicio.
El futuro político de la administración municipal dependerá ahora de la decisión que tome el Congreso del Estado, luego de que fuera presentada formalmente la solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
De manera paralela, la Auditoría Superior del Estado (ASE) llevará a cabo una revisión de las finanzas municipales para verificar el manejo y destino de los recursos públicos durante la actual administración.
Foto: Especial
cdch
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