
Si hubiera que elegir una palabra para describir a la Cuarta Transformación, probablemente sería cinismo.
Morena construyó su discurso en la promesa de terminar con la corrupción, los privilegios y la impunidad de la clase política. Sin embargo, conforme fue ganando espacios de poder, se comenzaron a multiplicar los casos de funcionarios señalados por presuntas irregularidades que permanecen protegidos, al amparo del gobierno y que son premiados con nuevas posiciones, mayores responsabilidades e influencia.
Desobedientes: Sheinbaum, AMLO, Colosio, Mariles y el ToritoMorena: la Secretaría de la IlegalidadUno de los casos más representativos es el del intocable secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Una investigación del periodista Jorge García Orozco, publicada en el portal Emeequis, documenta que Mario Delgado fue beneficiario del auge inmobiliario en Puerto Escondido y Santa María Colotepec, Oaxaca.
De acuerdo con la investigación, en enero de 2023 la empresa Rancho Milio vendió a Delgado, entonces líder de Morena, un terreno de aproximadamente mil 400 metros cuadrados por 600 mil pesos. Lo relevante no es únicamente la operación inmobiliaria, sino lo que ocurrió después.
Tras la venta, la empresa solicitó una prórroga sobre una concesión de más de 34 mil metros cuadrados de playa en Oaxaca, autorización que fue concedida por Luisa María Alcalde, secretaria de Medio Ambiente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Como dirigente nacional de Morena, Mario Delgado fue el principal responsable de la estrategia electoral y financiera que condujo al partido a la victoria en 2024, a partir de eso se convirtió en uno de los hombres más cercanos al núcleo del poder.
Aunque en los últimos años han circulado versiones, investigaciones periodísticas y señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, quien habría financiado campañas electorales de Morena en diversas entidades a cambio del control de las aduanas fronterizas. Nada ha pasado.
También hay versiones sobre la existencia de expedientes abiertos por autoridades estadounidenses derivados de la información extraída de los teléfonos incautados luego de la muerte del empresario, en relación con presuntas redes de financiamiento en las que Delgado habría actuado como enlace político.
Otros trascendidos apuntan a que en los juicios que se llevan en Nueva York contra capos de la droga, Delgado ha sido señalado por sus presuntos nexos con el financiamiento y apoyo que la estructura delictiva habría brindado en las campañas de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, María del Pilar Ávila y Américo Villarreal.
Y, aunque también ha sido sancionado por actos administrativos de diversa índole o por incurrir en calumnias contra partidos de la oposición, nada de ello ha derivado en una investigación formal que comprometa su permanencia en el gobierno.
Por el contrario, y, a pesar de ser un neófito en temas educativos, fue premiado con una de las dependencias más importantes del país.
Cuando los resultados de México en educación atraviesan una de sus etapas más complicadas, el responsable del sistema educativo es un personaje aparentemente blindado por el poder como compensación de sus servicios electorales.
No importa el alto costo de su relación política con la CNTE, ni la crisis de aprendizaje, el deterioro de indicadores educativos o que la educación sea utilizada como instrumento de adoctrinamiento.
La protección a Mario Delgado no comenzó en la Secretaría de Educación. Su nombre también apareció en 2021, tras el colapso de la Línea 12 del Metro, obra en la que participó siendo secretario de Finanzas durante el gobierno de Marcelo Ebrard.
Después de la tragedia, Va por México documentó y presentó denuncias que buscaban establecer responsabilidades en la planeación y financiamiento del proyecto, pero la FGR de Alejandro Gertz y la de CDMX de Ernestina Godoy, archivaron el caso junto a los señalamientos de que gracias a la ingeniería financiera de Mario Delgado llegaron los recursos para financiar la campaña de AMLO en 2012.
La gran pregunta es: ¿la impunidad y la compensación de la que es beneficiario es pura gratitud por generar recursos para las campañas de Morena? ¿Se trata de una recompensa por los resultados electorales como dirigente de Morena? ¿Es un reconocimiento a su capacidad para operar políticamente procesos complejos? ¿O será el gran temor de que, si le quitan el manto protector y comparece ante autoridades judiciales de México y Estados Unidos, pueda cantar como pajarito?
Porque, ya sin el abrigo de Morena, más allá de su propia detención, el resultado podría derivar en que muchas de las elecciones en las que participó, desde las presidenciales hasta las gubernaturas, se anulen de comprobarse delitos graves.
Al tiempo.
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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias
Foto Especial
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