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La relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) volvió a generar tensiones luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, criticara el papel del organismo judicial internacional y cuestionara su facultad para investigar posibles responsabilidades de ciudadanos estadounidenses.
A través de un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, Rubio señaló que la CPI representa un intento de establecer una autoridad por encima de los sistemas legales nacionales y afirmó que sus acciones afectan la soberanía de Estados Unidos. El Departamento de Estado retomó posteriormente parte del mensaje del funcionario en sus canales oficiales.
Cablebús en Puebla avanza 32.5% en inversión y 2% en trabajos físicos: García Parra 14 pesos costará el pasaje mínimo en el Estado de MéxicoEn su texto, el secretario de Estado sostuvo que el tribunal internacional busca ejercer una jurisdicción que, desde su perspectiva, no le corresponde sobre funcionarios y elementos militares estadounidenses que participan en operaciones vinculadas con los intereses de Washington.
Rubio argumentó que la CPI pretende actuar como una instancia con capacidad para intervenir en asuntos internos de países que no reconocen plenamente su autoridad. Según su postura, el organismo representa una amenaza para la autonomía de los Estados al intentar aplicar criterios jurídicos internacionales sobre gobiernos que no aceptan su jurisdicción.
El funcionario también acusó a la Corte de estar integrada por lo que denominó “burócratas globalistas no electos” y afirmó que sus decisiones carecen de legitimidad al considerar que el organismo tiene un margen de acción excesivo.
La Corte Penal Internacional fue creada en 2002 con el objetivo de juzgar a personas acusadas de cometer delitos considerados graves a nivel internacional, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, y actualmente cuenta con la participación de más de un centenar de países miembros.
Sin embargo, Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, por lo que Washington no reconoce la autoridad del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses. Esta postura ha generado desacuerdos entre distintas administraciones estadounidenses y la institución internacional.
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