Ciudad de México.— Más de un centenar de organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá cuestionaron al gobierno de Claudia Sheinbaum por destinar recursos millonarios a la organización de la Copa Mundial de Futbol, al considerar que esos fondos podrían emplearse para atender la crisis de violencia y derechos humanos en el país.
En una carta dirigida a la presidenta, colectivos y organizaciones afiliadas al Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, así como Global Exchange, Amnistía Internacional y Greenpeace México, expresan su inconformidad por la inversión anunciada para las tres ciudades sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Vecinos de Antorcha Campesina toman instalaciones de Soapap PueblaLas organizaciones señalan que el gobierno federal ha previsto inversiones de hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad para esas ciudades, además del despliegue de 100 mil agentes de seguridad pública. También advirtieron que existen otras inversiones estatales destinadas a garantizar la infraestructura y el desarrollo del evento deportivo, mientras persisten necesidades urgentes en distintos sectores de la población.
En la misiva, los firmantes consideraron que continuar con gastos millonarios para un espectáculo deportivo, sin atender problemáticas estructurales, profundizar la situación de millones de personas en la región.
Entre los pendientes señalados por las organizaciones se encuentra la crisis de desapariciones, que suma más de 133 mil víctimas. También pidieron fortalecer la protección a mujeres buscadoras, quienes realizan trabajos de localización en medio de riesgos, amenazas y violencia.
Los colectivos solicitaron a Sheinbaum detener las redadas del Instituto Nacional de Migración en México, exigir responsabilidades a la Agencia de Control de Inmigración de Estados Unidos y garantizar inclusión y protección para más de 190 mil personas mexicanas deportadas, así como para cerca de 13 mil personas de otras nacionalidades deportadas a México, con estimaciones que llegan hasta 20 mil, durante el periodo de 2025 a marzo de 2026.
Las organizaciones también se pronunciaron sobre la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Plantearon que el acuerdo comercial no debe beneficiar a grandes corporaciones, sino colocar al centro a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y los derechos humanos. De lo contrario, señalaron, sería preferible no firmarlo.
Otro de los puntos expuestos fue la atención a las causas del desplazamiento forzado, como el caso de comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, donde 2 mil personas se encuentran fuera de sus lugares de origen.
Los firmantes llamaron además a proteger a personas defensoras de derechos humanos ya impulsar una política de gobierno que priorice el medioambiente y los derechos humanos por encima de inversiones en proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres.
En materia ambiental, advirtieron sobre la necesidad de atender las causas del cambio climático y garantizar la justicia ambiental. Según la carta, en 2025 fueron asesinados diez defensores del medioambiente y se registraron 314 agresiones específicas, entre ellas difamación, estigmatización, intimidación y amenazas.
Las organizaciones solicitaron a la presidenta abrir un diálogo con la sociedad civil para establecer compromisos orientados a la justicia social y ambiental, así como al respeto pleno de los derechos humanos.
En su posicionamiento, los colectivos señalan que organizaciones de derechos humanos, migrantes, campesinas, agrícolas y sindicatos independientes de México y Estados Unidos han denunciado históricamente las causas estructurales de la desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia armada, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la migración.
Finalmente, plantearon que el diálogo debe servir para construir de paz con enfoque de derechos humanos, equidad y movilidad humana, acciones con el objetivo de colocar a las personas en el centro de un proyecto regional de paz, dignidad y justicia, incluida una agenda de paz para el T-MEC.
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Foto: Especial
Djs
