Ruffo, fundador del PRIAN: preguntas incómodas para Calderón y Salinas

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador no priista en la historia del México moderno, es decir, posrevolucionario. Acusado por el delito de huachicol fiscal, lo arrestó la Fiscalía General de la República y no se ve sencilla su situación ya que, como dijo la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, Ruffo y sus cómplices dañaron a la nación por alrededor de 4 mil millones de pesos.

Más allá de la gravedad de las acusaciones —no es poca cosa ser señalado como presunto responsable de encabezar la mayor red de contrabando de combustible— y de las predecibles reacciones de la oposición y de una parte de la prensa ante la aprehensión del exgobernador de Baja California, conviene ejercitar la memoria.

Vale la pena recordar lo que ha representado Ernesto Ruffo en la lucha política que, sobre todo desde 1988 —cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia—, libran en México dos proyectos antagónicos: el neoliberal, hoy envalentonado por el apoyo de la extrema derecha de EEUU, y el de la izquierda progresista, que desde 2018 ha encabezado el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador en un primer sexenio, y a partir de 2024 con Claudia Sheinbaum al frente del poder ejecutivo.

El PRIAN resulta fundamental para entender la política mexicana. A mi juicio, ese bipartidismo conservador que tanto daño hizo al país comenzó a gestarse cuando, en el sexenio de Salinas, el PRI permitió que el PAN gobernara Baja California. Aquel episodio, la primera concertacesión autorizada por el viejo y autoritario partido en el poder, fue el acto fundacional de una alianza política que con los años terminaría consolidándose, en mi opinión —que es la de mucha gente— para la mayor desgracia de México.

Con aquella negociada derrota del PRI a favor del panista Ruffo, bendecida por el entonces presidente Salinas, se buscó proyectar la imagen de una auténtica democracia. Pero, la verdad sea dicha, aquello no fue sino una simulación que abrió paso a una larga etapa de acuerdos antidemocráticos entre ambas fuerzas, que además gozaban de la aprobación de una clase empresarial a la que convenía —para seguir sin pagar impuestos— que solo priistas y panistas gobernaran nuestro país.

El arresto de Ruffo es más que el castigo a un delincuente: constituye un golpe durísimo al PRIAN, ahora mismo sumado al proyecto injerencista de EEUU. Sí, como los traidores del siglo XIX.

El día que Calderón señaló a Ruffo (a través de interpósita pluma)

Uno de los periodistas más cercanos al calderonismo y especialista en temas de seguridad, Jorge Fernández Menéndez, escribió en su momento sobre los malos pasos en los que andaba Ernesto Ruffo, a quien señaló no tanto por haber tolerado —que lo toleró en abierta complicidad— al Cártel de Tijuana, sino de haber entregado las corporaciones policiacas bajacalifornianas a ese grupo del crimen organizado, además de haberse beneficiado del lavado de dinero.

No dudo que la fuente del columnista Fernández Menéndez hubiese sido su muy amigo Felipe Calderón. Este personaje, quien llegó a la presidencia en 2006 debido al fraude electoral, seguramente sabía a la perfección que Ruffo andaba bien chueco. Tenía que saberlo, ya que hasta lo denunció públicamente en sus redes sociales, por cierto, basado en algún texto del periodista mencionado.

Es la verdad, Calderón dijo en su momento que el exgobernador de Baja California entregó la entidad al narco. Lo hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto es, no en su propio periodo presidencial. ¿Por qué, cuando dirigía —ilegalmente, pero las encabezaba— las instituciones de la nación el esposo de Margarita Zavala no dijo nada malo acerca de Ruffo Appel?

No sé si cuando Calderón despachaba en Los Pinos habían prescrito los delitos que le conocía a Ruffo. Pero inclusive si hubiese sido el caso, tuvo que haberlos denunciado formalmente desde la presidencia de México.

La única explicación a la no denuncia de Calderón reside en que priorizó la necesidad de no debilitar al PRIAN investigando a uno de los fundadores del nada democrático bipartidismo surgido en 1989, cuando a Ruffo se le regaló la gubernatura de Baja California.

Proceder legalmente contra uno de los fundadores del PRIAN habría significado dinamitar el pacto de impunidad que estuvo detrás del fraude electoral contra AMLO y que permitió al propio Calderón llegar al poder.

El periodismo y Ruffo Appel

El tratamiento mediático en torno a la detención de Ruffo, por decirlo bíblicamente, me parece fariseo. Ya empezó la reacción de, “sin defender a Ruffo”, sí defenderlo por la vía de argumentar que la 4T no procede contra sus propios gobernadores. Es decir, calificar lo ocurrido, de plano, como justicia selectiva, que viene a ser lo mismo que persecución política.

Los y las columnistas cuestionan con fiereza al actual gobierno federal, pretendiendo equiparar el caso de Ruffo —que se sostiene en una rigurosa investigación de la FGR— con lo que se ha dicho en los propios medios —o en instituciones de Estados Unidos que evidentemente pretenden debilitar a la 4T—, sin evidencia alguna, sobre gobernadores en funciones de los que no existen acusaciones judiciales en México.

El sesgo es evidente. En el caso de Ruffo hay pruebas. El expediente de la FGR señala delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos a través de la empresa Ingemar. Hay hechos constatables, cuentas bancarias y decomisos tangibles.

Buena parte de la prensa mexicana, siempre aliada del PRIAN fundado por Ruffo y que hizo posible el fraude electoral que llevó a Calderón a la presidencia, exige que el gobierno de la presidenta Sheinbaum persiga y encarcele a gobernadores actuales solo porque hay filtraciones de agencias de EEUU o señalamientos generados en los pasillos del PRI y del PAN, sin sustento probatorio en territorio nacional.

Proceder contra gobernantes en funciones sin evidencia de actos delictivos sería politizar la procuración de justicia.

La sombra de Colosio

En lo personal, el arresto del fundador del PRIAN reaviva en mi memoria uno de los episodios más oscuros de la historia de México: el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, cuando Ruffo gobernaba Baja California.

Ruffo por lo menos fue muy negligente al no proteger al candidato priista —subrayo, candidato del PRI, pero subrayo dos veces: antes de ser asesinado Luis Donaldo rompió abiertamente con las tesis más radicales del neoliberalismo salinista en su discurso del Monumento a la Revolución—.

Pero quizá, siempre lo he pensado, Ruffo fue mucho más que simple y sencillamente negligente. Estuve aquel día trágico en Lomas Taurinas y me consta que no pocas personas del entorno de Colosio hablaban de un encubrimiento concertado de parte del entonces gobernador, sobre todo porque, días antes del mitin, el gobierno del estado y el PRI acordaron reducir al mínimo la seguridad de parte de la policía local en uno de los barrios más peligrosos y bajo control del crimen organizado de Tijuana.

¿Por qué no se investigó a Ruffo en el contexto del caso Colosio? Obviamente, por la misma razón por la que Calderón no denunció hechos delictivos que conocía del exgobernador de Baja California: para no dañar el pacto de complicidad electoral PRI-PAN.

Carlos Salinas de Gortari, el titiritero del bipartidismo antidemocrático que nació en su sexenio, necesitaba mantener a salvo al primer gobernador del PAN para garantizar el aval de ese partido a las reformas neoliberales, que la 4T ya echó abajo.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

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