La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que aplicó sanciones administrativas contra 34 servidores públicos pertenecientes a 17 dependencias federales, luego de acreditar diversas faltas catalogadas como graves y no graves. Entre las medidas impuestas se encuentran inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y multas económicas que, en conjunto, superan los 1.8 millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, la sanción de mayor duración fue impuesta a José L., profesor de secundaria adscrito a la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, quien recibió una inhabilitación por 20 años tras ser señalado por el abuso sexual de dos estudiantes de la Escuela Secundaria "Emiliano Zapata", ubicada en la capital del país.
SEDIF impulsa espacios para bienestar de adultos mayoresCanadá restringirá el ingreso de viajeros que hayan estado en el Congo por brote de ébolaOtro de los casos corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), donde cuatro funcionarios de la Oficina de Representación en el Estado de México fueron sancionados por autorizar pagos del programa Producción para el Bienestar sin contar con los expedientes que acreditaran a los beneficiarios durante 2019 y 2020.
Las resoluciones incluyen una inhabilitación de 15 años y una multa de 140 mil pesos para María H.; 10 años de inhabilitación y una sanción de 58 mil pesos para Leticia L.; además de inhabilitaciones de un año para Irving F. y Víctor M., quienes también deberán cubrir multas económicas.
En la entonces Secretaría de Economía, María G., adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos, fue sancionada con 15 años de inhabilitación y una indemnización superior a 1.5 millones de pesos, luego de que se determinó que autorizó licencias con goce de sueldo sin contar con las atribuciones necesarias para hacerlo.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también figura entre las dependencias con servidores públicos sancionados. En este caso, Araceli D., de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, recibió una inhabilitación de 10 años y una multa de 79 mil pesos, al determinarse que autorizó viáticos para ella y otros dos funcionarios que no fueron utilizados para actividades relacionadas con el servicio público.
En la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Juan C. y Manuel R., adscritos a la Aduana de Ciudad Juárez, fueron inhabilitados por un año, luego de que una investigación concluyera que intentaron obtener un beneficio económico durante la revisión de mercancías en 2022.
Por su parte, tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron suspendidos por tres meses debido a irregularidades detectadas durante la verificación de un medidor eléctrico realizada en 2021.
La dependencia informó que el resto de las resoluciones correspondieron a 14 instituciones federales, donde se acreditaron conductas consideradas como faltas administrativas no graves. En estos casos, las medidas consistieron principalmente en suspensiones temporales y otras sanciones disciplinarias.
Entre ellas destacan dos casos registrados en la Guardia Nacional, donde Nayra M., adscrita a la Dirección General de Inteligencia, y Josué P., de la Dirección General de Servicios Especiales en el Estado de México, fueron destituidos tras presentar licencias médicas que, según la investigación administrativa, carecían de validez para justificar sus ausencias laborales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas resoluciones forman parte de los procedimientos administrativos iniciados por posibles incumplimientos a las obligaciones del servicio público, conforme a la legislación vigente.
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