El anuncio del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de que la administración estadounidense no contempla una renovación automática del T-MEC y buscará establecer revisiones anuales del acuerdo, no debería sorprender a nadie. En realidad, confirma una tendencia que desde hace tiempo era visible para quienes observaban la evolución de la relación bilateral sin los filtros de la propaganda oficial.
Desde su primer mandato, Donald Trump nunca ocultó su incomodidad con el T-MEC, por el contrario, dejó claro que prefería negociar desde posiciones de fuerza. Lo diferente fue que México contaba entonces con negociadores como Ildefonso Guajardo y Kenneth Smith, quienes lograron construir un acuerdo que fortaleció la integración económica de Norteamérica.
El mentiroso de mierda aplaude otra vez el fraude de 2006¿Fin del régimen?Hoy el escenario es distinto. La decisión no trata únicamente de una modificación técnica al principal tratado comercial de América del Norte. Está en juego un cambio de paradigma en la relación entre México y Estados Unidos.
La pérdida de confianza ha dado paso a la supervisión permanente, donde la cooperación está siendo sustituida por mecanismos de presión política y económica.
Lo más preocupante es que el propio gobierno mexicano permitió que la relación comercial dejara de discutirse exclusivamente en términos económicos para mezclarse con temas de seguridad, combate al narcotráfico, migración, energía e incluso asuntos políticos internos.
Ese fue el verdadero error estratégico, permitir que el T-MEC dejara de ser únicamente un tratado comercial para convertirse en una herramienta de presión donde cualquier desacuerdo puede traducirse en consecuencias económicas.
Hace meses sostuve en este espacio que nos acercábamos al fin del modelo que dio origen al T-MEC. En “Adiós al T-MEC, bienvenidos al bilateralismo” advertí que Washington dejaría de tratar a México como un socio estratégico para negociar asunto por asunto. Después, en “Ya no nos preguntan, nos imponen”, señalé que las decisiones comenzarían a tomarse desde Washington sin consultar a Palacio Nacional.
Eso es exactamente lo que hoy ocurre.
La explicación no radica solo en la diferencia económica entre ambos países. Esa asimetría siempre ha existido. La diferencia está en la fortaleza política del gobierno mexicano.
Un gobierno con legitimidad, instituciones sólidas y credibilidad puede defender mejor sus intereses. Un gobierno debilitado llega condicionado y negocia bajo presión.
Durante los últimos años, distintos personajes cercanos a Morena han enfrentado investigaciones, señalamientos periodísticos y presuntas indagatorias relacionadas con corrupción, lavado de dinero o posibles vínculos con el crimen organizado. La mayoría de esos casos permanecen sin esclarecerse en México, mientras las agencias estadounidenses incrementan su atención sobre ellos.
No corresponde atribuir responsabilidades penales sin resoluciones judiciales. Sin embargo, cada expediente abierto, cada investigación que no se hace y cada señalamiento sin respuesta reducen el margen de maniobra del Estado mexicano.
La prórroga de 90 días para evitar nuevos aranceles que en su momento otorgó Trump, lo confirmó. Mientras el gobierno mexicano celebró haber ganado tiempo, Estados Unidos dejó claro que la negociación ya no giraba únicamente alrededor del comercio: seguridad, migración, combate al fentanilo, aduanas, democracia, energía y libertad sindical forman parte de un mismo paquete de exigencias.
Ese cambio beneficia claramente a Washington. Al integrar todos los temas en una sola negociación, Estados Unidos puede utilizar el acceso a su mercado como mecanismo de presión para obtener concesiones en áreas que antes se discutían por separado.
México aceptó ese nuevo esquema sin construir una estrategia capaz de preservar la autonomía de la negociación comercial.
Las revisiones anuales reflejan que Washington ya no deposita la misma confianza en las instituciones mexicanas y ha decidido sustituir la certidumbre por la supervisión permanente, haciendo esta presión el punto clave de la relación entre socios.
Más allá de que el tratado pueda revisarse cada año, preocupa que cualquier diferencia en materia de seguridad, migración, energía o combate al crimen organizado podrá convertirse en un elemento de presión comercial.
México nunca debió permitir que el T-MEC dejara de ser un tratado de integración económica para transformarse en un instrumento de negociación política.
Cuando todo se mezcla, el país con mayor poder económico, militar y diplomático termina imponiendo las reglas.
Lo vimos venir y no se hizo nada. México llegó con un déficit de credibilidad y una capacidad limitada de maniobra. Y eso, más que cualquier arancel, puede ser la mayor factura que hoy comienza a pagar el país.
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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias
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