Provocar linchamiento, método de “protección” de Los Rojos

El cártel de Los Rojos lleva entre ocho y nueve años asentado e imponiendo el terror en la región de Acatlán de Osorio, mediante el desarrollo de un complejo sistema de protección, que va desde controlar autoridades municipales y cuerpos policiacos, hasta tener una importante red de informantes, mejor conocidos como “halcones”, que les sirve para alertar de potenciales riesgos u organizar linchamientos de personas desconocidas que podrían tratarse de agentes encubiertos del Ejército o de bandas rivales.

La entidad poblana por mucho tiempo había estado al margen del problema de linchamientos. De acuerdo con expertos en la materia, en la primera década del siglo, al año había un máximo de cuatro o cinco episodios en todo el estado, principalmente en zonas rurales.

A partir de la época del morenovallismo, que inició en el año 2011, fue registrándose un incremento estrepitoso el aumento de casos en que la población detiene a presuntos delincuentes y lo quiere torturar, ejecutar, es decir ajusticiar. De tal forma, que entre el final del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y durante la corta gestión del mandatario José Antonio Gali Fayad, Puebla ocupó el primer lugar en este tipo de ilícitos, con hasta 4 o 5 episodios por semana. Incluso muchos de ellos en centros urbanos, como la ciudad de Puebla.

 

Otro fenómeno poco observado, pero que es un secreto a voces, es que el crimen organizado a echado mano de los linchamientos para protegerse de “ataques sorpresa”.

Uno de los capos más importantes de Los Rojos –organización que se escindió del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva– fue Alejandro Herrera Estrada, mejor conocido como “el Chino” o “el rey de la Amapola”, pues era quien controlaba la producción de heroína que se hace en la Sierra Madre del Sur, de Guerrero. Este hombre llegó a la región de Acatlán de Osorio entre los años 2013 y 2014, para alejarse de los enfrentamientos que tenían con dos bandas rivales: Los Ardillos y Guerreros Unidos. Años más tarde, se agregó a esa rivalidad el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se dice, por conocedores de esa realidad en la Mixteca poblana, que “el Chino” se sentía protegido por el ayuntamiento del priista Guillermo Martínez Rodríguez, quien fue edil de Acatlán entre los años 2014 y 2018.

Hasta que el 13 de agosto de 2017, un grupo de presuntos labriegos llegaron a pedir trabajo a la inspectoría de Los Lobos y esos campesinos resultaron ser la avanzada de la Marina, que cateó un rancho propiedad de “el Chino”, en donde le encontraron unos caballos que habían robado a la empresa Pedro Domecq.

A partir de entonces, ese líder criminal habría creado un sistema de organización para que cuando en las comunidades se detectara a personas extrañas, sospechosas, que no sean de las localidades, algunos “halcones” alborotaran a la gente para detener, interrogar, golpear, torturar y hasta exterminar a los forasteros por aquello de que sean miembros encubiertos del Ejército o que sean integrantes de organizaciones rivales.

Muchos linchamientos en la región Mixteca –dicen conocedores– se explican por ese sistema de vigilancia de Los Rojos, que seguiría vigente hasta la actualidad.

Es una forma de eliminar a posibles “enemigos”, pero sin llamar la atención de las autoridades hacia Los Rojos e involucrando a la población de las comunidades, para que los agredidos no se puedan defender.

Un caso celebre –narrado por fuentes confiables– es un linchamiento que fue de mucho impacto mediático, ocurrido el 29 de agosto de 2018, es decir un año exactamente del cateo al rancho de “el Chino”.

El suceso ocurrió en la comunidad de San Vicente Boquerón, en donde una turba asesinó a Ricardo Flores Rodríguez –que tenía entre 21 y 23 años— y Alberto Flores Morales, que era su tío y tenía entre 43 y 53 años de edad.

Se sabe que “el Chino” habría creído que ambos personajes eran agentes federales. En realidad, eran dos hombres de Tianguistengo, que salieron a comprar materiales de construcción para levantar una barda. El primero de ellos era estudiante de Derecho en Xalapa, Veracruz, pero estaba de visita. Ambos familiares se detuvieron a tomar unas cervezas y una mujer pagó un equipo de perifoneo para acusarlos de haberse robado “unos niños”.

El caso llamó la atención por la crueldad: a los dos acusados primero los golpearon y llegaron policías a recatarlos, que se los llevaron a la comandancia local. No obstante, la gente se reunió frente a las instalaciones y derribaran las puertas para sacar a ambos hombres, a quienes quemaron vivos. Todo ello pasó frente a familiares que los llegaron a auxiliar y nadie los oyó, así como los oficiales de seguridad pública que solo fueron espectadores. Y todo eso, se trasmitió en tiempo real en redes sociales.

Hubo un aspecto muy destacado: el presidente municipal de ese entonces, el priista Guillermo Martínez Rodríguez, nunca fue a San Vicente Boquerón en los días posteriores al linchamiento. Era un tema que evadía.

Y el entonces secretario de Seguridad Pública en el estado, Jesús Morales Rodríguez, acusó al edil de Acatlán de Osorio de no haber alertado al gobierno del estado del linchamiento de ambos hombres, hasta que ya se había perpetrado. De hecho, la familia de las víctimas ganó un juicio contra el ayuntamiento de esa localidad mixteca exigiendo una indemnización al demostrar la falta de intervención deliberada de la autoridad municipal para intentar frenar la barbarie.

Cabe la pregunta: ¿El ayuntamiento de Guillermo Martínez no frenó el linchamiento por miedo o complicidad?

De todas formas, cuatro meses después del linchamiento, “el Chino” fue ejecutado por una facción de Los Rojos que consideraba que su labor ya no era acorde a los intereses de este cartel, que es uno de las organizaciones criminales que más heroína introducen a Estados Unidos.

Se sabe que Los Rojos, hasta la fecha, siguen teniendo las formas de vigilancia que creó “el Chino”.

El nombre de la organización ha vuelto a sonar con fuerza por el reciente asesinato de Héctor García Álvarez, quien era director de Seguridad Pública en Acatlán, junto con su esposa Guadalupe Casas, y que el edil de ese municipio, Arturo Cajica, está en el penal de San Miguel bajo investigación por el posible delito de encubrimiento.

Vistas: 449