En una vertiente, la WJP –siglas en inglés-, Proyecto de Justicia Mundial, revela en su cuarta edición 2021-2022 del Índice de Estado de Derecho en México un alto y alarmante deterioro de los contrapesos a los Ejecutivos Estatales, el debilitamiento del Poder Legislativo y Judicial Local para actuar como contrapesos eficaces a los gobernadores.
Aunado a la contracción del espacio cívico, que conlleva a la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa, para actuar como contrapesos al poder público gubernamental.
Y Puebla, junto a Tabasco, está reprobada con 0.37, arriba únicamente del 0.36 de la Ciudad de México, Quintana Roo y Estado de México, el 0.35 de Morelos y 0.34 de Guerrero.
Puntaje que los ubica como las siete entidades peor evaluadas –de los 32 estados del País- en el rubro de Estado de Derecho.
-Que-, 0.34 es la puntuación más baja en el índice del WJP –World Justicie Project-, donde Puebla tiene 0.37.
En una segunda vertiente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirma que “en Puebla los vicios del autoritarismo político y de los privilegios en la justicia para quienes están en el poder quedaron desterrados y no regresarán”.
Subrayó, que “su administración combate la desigualdad y garantiza que todas y todos los poblanos tengan las mismas oportunidades, tanto en materia judicial como en acceso a la salud, seguridad y apoyos”.
Desde 2018, WJP desarrolló un programa que mide la prevalencia del Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, el cual se compone de ocho factores y/o grandes temas, que son:
(…) Límites al poder gubernamental.
(…) Ausencia de corrupción.
(…) Gobierno abierto.
(…) Derechos fundamentales.
(…) Orden y seguridad.
(…) Cumplimiento regulatorio.
(…) Justicia social.
(…) Justicia penal.
En esta edición que mide lo que sucedió durante 2021, el índice muestra un estancamiento de los estados; incluso hay deterioro en materia de Estado de Derecho, señaló Eréndira González Portillo, coordinadora de análisis y recolección de datos del Índice de Estado de Derecho en México.
Dijo que los datos “muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales”, cuyo componente de límites al poder gubernamental disminuyó en 17 entidades y permaneció sin cambios en nueve.
La caída se explica por el debilitamiento del Poder Legislativo y Poder Judicial Local para actuar como contrapesos eficaces al Gobernador.
Y también por la contracción del espacio cívico, o sea la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapesos al poder público.
Sobre el papel de la prensa, Eréndira González anotó que “los periodistas aún tienen fuerza para poner límites a los gobiernos estatales; sin embargo, hemos notado, lo que nos ha preocupado, es que, a pesar de ser el más fortalecido, ha ido decreciendo en su puntaje”.
En otro apartado, 14 estados cayeron en el componente de justicia penal y 10 permanecieron sin cambios.
Los indicadores que reflejaron los mayores retrocesos fueron la garantía a los derechos de las víctimas, la adhesión al debido proceso y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal.
Asimismo, la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de justicia penal, al ser el indicador con los puntajes más bajos.
También se tiene “la ausencia de corrupción en el Poder Judicial y los que miden la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, y la ausencia de corrupción entre las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal”.
El Índice de Estado de Derecho en México retoma datos de tres fuentes distintas:
Encuesta a población general, encuesta a especialistas y fuentes oficiales, para generar información original sobre el Estado del Derecho y retratar la diversidad del País.
Pese al “honroso“ 6 sitio nacional de reprobación en el Índice de Estado de Derecho en México, el gobernador Barbosa Huerta no quita el dedo del renglón mediático sobre un militante de su mismo partido Morena, al reiterar:
“Que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, respecto a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF- realiza en contra del coordinador de los diputados federales de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, el director del Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega y el ex Auditor Francisco –Romero Serrano-, por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal”.
Y le advierte al panista Pablito Rodríguez Regordosa… “que no desafíe al –su- gobierno” con declaraciones sobre la falta de observaciones de la Auditoría Superior del Estado respecto a la presunta compra irregular de terrenos para la instalación de Audi en San José Chiapa.
“Que no nos quieran desafiar, desafíos no admitimos, ni actitudes de dignidad, por favor”.
También tiene para repartir al Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez: “Parquímetros benefician solo a miembros del Yunque”. “Por eso les pedí que, para no cometer errores, salgan del clóset y asuman con dignidad su posición dentro del Yunque”.
Así gobierna Morena en Puebla.
Y lo matiza al asentar: “En Puebla, los vicios del autoritarismo político y de los privilegios en la justicia para quienes están en el poder… quedaron desterrados y no regresarán”.
Claro que sí, no regresarán.
Por ello, Puebla está REPROBADO en el índice de Estado de Derecho que elabora que el organismo internacional WJP: Proyecto de Justicia Mundial.
Más no debe soslayarse el adagio:
“Los carniceros de hoy… serán las reses de mañana”.
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