El homicidio de Cecilia Monzón Pérez no fue un asesinato común y corriente. No lo hicieron delincuentes de bajo perfil. Por el lugar, la hora y la manera en que ocurrió, queda claro que con la ejecución de la abogada y activista que luchaba contra la violencia hacia las mujeres lo que se buscó fue generar un fuerte impacto mediático y sobre todo, provocar reacciones de terror en un sector de la sociedad poblana y de las autoridades locales.
Los dos sicarios que perpetraron el crimen de la litigante actuaron como “profesionales”: sabían su ubicación, supieron perseguirla en una motocicleta y cuando la alcanzaron, fueron diestros para dispararle en seis ocasiones y poder escapar. Todo ello a plena luz del día, en una zona con muchos testigos y cámaras de vigilancia.
El suceso ocurrió en la conurbación entre San Pedro Cholula y el municipio de Puebla, además de San Andrés Cholula. Es un sitio con tres características peculiares: es una zona altamente poblada y repleta de comercios, que está excesivamente transitada, es de mucho tráfico, incluidos los días de asueto. Se supone que es un área de mucha vigilancia, por los conjuntos residenciales y las universidades privadas que ahí abundan. El homicidio pasó a plana luz del día y desde muchos lugares, incluso remotos, se podía ver lo que pasaba en el punto exacto del crimen.
Los que se dedican al innoble oficio de ejecutar a personas saben de sobra que, si sus víctimas son personajes públicos o de fuerte presencia en los medios de comunicación, habrá un mayor empeño de las autoridades ministeriales de intentar esclarecer un homicidio. Por tanto, siempre buscan realizar los crímenes en lugares poco frecuentados, como domicilios privados, oficinas o en la noche o en las primeras horas del día.
El objetivo de los sicarios es que no haya rastros de los autores de una ejecución. Que no se sepa por dónde iniciar una investigación. Que no se conozca con precisión la manera en que ocurren los crímenes.
Con Cecilia Monzón se quiso dejar una huella visible de la forma en que la hostigaron y la siguieron, así como de la manera cruenta que la mataron, como queriendo dejar el mensaje de que “nadie se escapa”. Una situación que angustia por ese escalamiento de la violencia que la derecha ha provocado en el país.
¿Quién ha tenido ese propósito tan perverso para matar de esa manera a Cecilia Monzón?
¿Los hombres de poder político –todos del PRI– a los que se enfrentó la activista?
¿Por los casos delicados de violencia de género en que le tocó defender a las víctimas?
¿Por alguien interesado en enrarecer el clima político y de seguridad pública del estado de Puebla?
Son preguntas difíciles de responder.
Sin hacer una apología del crimen, se puede hacer la reflexión: a Cecilia Monzón la podían haber desaparecido, atacado en el interior de su domicilio u oficina, en una calle poco transitada, sin iluminación y testigos. Alguien quiso que se apreciara ampliamente su asesinato.
Para sustentar lo antes mencionado de que el posible feminicidio de Cecilia Monzón se sale de las características propias de las ejecuciones de importantes activistas, solamente hay que revisar tres casos muy destacados:
El 19 de octubre de 2001, apareció muerta de un disparo la defensora de derechos humanos Digna Ochoa Plácido. El lugar de los hechos fueron sus oficinas ubicadas en la calle Zacatecas número 31, de la colonia Roma de la Ciudad de México. El deceso habría sido en la noche, sin la presencia de testigos. Para la opinión pública fue un asesinato. Para las autoridades ministeriales un suicidio y se desechó el antecedente de que un año antes, durante 4 horas la habían privado de su libertad para amenazarla.
El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz se encontraba a las 20 horas en una casa de campaña, como parte de un campamento instalado frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, Chihuahua. Un asesino solitario aprovechó que ya no había gente a esa hora para darle un par de disparos a la activista, que se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad que priva en los feminicidios.
Escobedo desnudó la corrupción oficial al exponer como ella cazó al asesino de su hija, Rubí Marisela Frayre Escobedo de 16 años de edad, para que al final el homicida lo pusieran en libertad.
El 24 de marzo de 2017, la periodista de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea, salía de su casa para ir a dejar a su pequeño hijo a la escuela. Llegó un comando y le disparó en 8 ocasiones. El menor salió ileso. No hubo testigos. El asesinato se debió a que documentó una red de narcopolíticos del PRI y del PAN en esa entidad.
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