Ayuntamientos de la zona metropolitana se coluden con los taxis piratas

Desde hace tres o cuatro semanas entró en vigor el nuevo Reglamento de Transito del estado de Puebla que, entre otras reformas, por primera vez establece que los ayuntamientos están obligados a que a través de sus unidades de seguridad pública deben de supervisar, vigilar e inspeccionar al transporte público. Dicho de una manera sencilla: tiene que combatir los vehículos piratas dedicados al traslado de pasajeros. Ante este cambio, existe una fuerte resistencia de la mayor parte de los gobiernos municipales de la zona metropolitana de la capital a asumir dicha tarea.

La explicación a ese comportamiento tiene dos vertientes. Primera: los “taxis piratas” se han convertido en una poderosa fuente de ingresos económicos para los jefes de corporaciones policiacas y de tránsito que, cobran fuertes sumas de dinero a diario, por dar protección ilegal a esos vehículos para alertarlos cuando hay operativos de supervisión del transporte público.

Segunda: algunos alcaldes o funcionarios de primer nivel de los ayuntamientos no han resistido la tentación de entrar al negocio de los “transportes piratas”, en donde no se necesita tramitar concesiones, ni seguros para los usuarios y que los vehículos tengan placas oficiales. Ni tampoco capacitar a los choferes y tener responsabilidad ante un percance. Únicamente se compra el automotor y se pone a trabajar en el traslado de pasajeros.

En las últimas semanas se ha observado un mayor activismo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que dirige Elsa Bracamontes, para detectar rutas de “unidades piratas” y sacarlas de circulación, pero al mismo tiempo persiste la negativa de los ayuntamientos del área metropolitana para involucrarse en esta tarea.

Ese comportamiento se observa de parte del ayuntamiento de Puebla que dirige Eduardo Rivera Pérez, el de San Pedro Cholula que encabeza Paola Angón Silva, el de Cuautlancingo que es dirigido por Filomeno Sarmiento Torres, la administración de Coronango que conduce Gerardo Sánchez Aguilar y del gobierno de Amozoc que tiene como edil a Mario de la Rosa.

Oficialmente ninguno de ellos rechaza participar en los esfuerzos contra el transporte irregular. Pero cuando se organizan acciones específicas para detectar vehículos del ramo que violan la ley, simplemente no participan sus respectivas áreas de policía y de tránsito.

No es un problema nuevo. Estos son algunos antecedentes:

A la mitad del gobierno de la ex edil del ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivero Vivanco, una organización dedicada a revisar el funcionamiento del transporte público le extendió un oficio a la entonces secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales, denunciando el funcionamiento de varias rutas de camiones y camionetas ilegales. Se prometió de parte de la funcionaria que esos vehículos serían retirados. Al final, ocurrió todo lo contrario.

Se supo que a los “piratas” que eran mencionados en ese documento, se les incrementó la cuota de “protección” de 3 a 5 mil pesos. Una acción que realizaron comandantes del área de Transito del municipio de Puebla, a cambio de dejarlos seguir circulando.

Incluso trascendió que a los dueños de los “taxis piratas” se les repartió de una copia del oficio en cuestión, en lo que era una clara filtración de información oficial.

Durante el pasado trienio hubo varios intentos de retirar a los “taxis piratas” que operan en el Periférico Ecológico. Siempre que llegaban los inspectores y cuerpos policiacos a buscar a esos autos, no los encontraban.

Con el tiempo se supo que desde el área de Transito del ayuntamiento de San Pedro Cholula, que en esa época era encabezado por el edil Luis Alberto Arriaga, se les mantenía informados a los propietarios de los “taxis piratas” de todas las acciones que se emprendían en su contra.

Una tercera historia ocurrió al inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, más o menos en el año 2012, cuando se dispuso retirar a los mototaxis. Una acción que se les comunicó a los alcaldes de la zona metropolitana de Puebla y casi todos estuvieron de acuerdo.

En alguna ocasión el entonces subsecretario del Transporte, Carlos Zurita, recibió una solicitud de audiencia del alcalde de Coronango, Efraín Titla García, quien buscó un arreglo para que no se retiraran los mototaxis en su municipio. Luego de mucho argumentar que era un error social el impedir la circulación de esos pequeños automotores, el edil acabó confesando que él y su familia era los que controlaban dicha actividad del traslado de pasajeros con esa modalidad de vehículos.

Un acaso aparte y que es digno de reconocer, es que cuando Blanca Alcalá Ruiz era presidenta municipal de la capital, se logró reducir en un 83 por ciento los “vehículos piratas” del transporte público de la ciudad. La entonces edil aplicó el contenido del artículo 190 bis del Código Penal de Puebla y logró reducir al mínimo a los automotores irregulares dedicados al traslado de pasajeros.

El contenido de ese artículo dice: “Al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario. Igual sanción se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios”.

Más allá de tener un respaldo legal, a Blanca Alcalá le funcionó tener voluntad política para combatir al transporte irregular. Ahora es lo que le falta a la mayoría de los ediles de la zona metropolitana de la capital.

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