Las “maromas” en la BUAP

Para variar fue extraordinaria, esto es, un día antes los consejeros recibieron el citatorio junto con la documentación relativa a los puntos del orden del día. Uno de ellos, el séptimo de ocho puntos, “Lectura, discusión y en su caso, aprobación respecto a la propuesta sobre la modificación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para la creación de dos nuevas Unidades Académicas: Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como el dictamen emitido por las Comisiones Estatutarias de Legislación Universitaria, de Presupuesto, de Supervisión Administrativa y de Planeación.”

Si ustedes revisan el Reglamento del Honorable Consejo Universitario, reformado el 21 de marzo de 2007, verán que en su artículo 33 se establecen los asuntos que cada comisión permanente del consejo debe atender y en ningún caso tienen las cuatro comisiones arriba mencionadas la atribución de dictaminar sobre la modificación o creación de las unidades académicas. Una violación flagrante de la legislación vigente.

Está tan viciado este asunto de la “modificación para la creación” que estas comisiones dictaminaron sobre los dictámenes de los consejos de docencia y de investigación. En ausencia de un deseo genuino de los miembros de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de constituirse en dos facultades distintas, la administración se las arregló para sacarse de la manga una “petición” firmada por 1200 personas.

Algún nombre tenían que darle a tal “petición”. Así en el dictamen del consejo de docencia se habla del “proyecto de la propuesta” de modificación de la Facultad de Derecho, etc. ¿El consejo entonces votó un proyecto de propuesta? ¿Proyectaban proponer algo y sobre ese deseo oculto pero adivinado por los dos consejos por función votó el consejo universitario?

Por su parte el consejo de investigación recomienda en su dictamen “Realizar un ejercicio de proyección para ambas unidades …(atendiendo) a las necesidades del país, la región o el mundo”. O sea que no hay proyecto, apenas se va a “realizar” y además tiene que diseñarse en torno a algo tan concreto como ¡las necesidades del mundo!

¿Cómo le haces para darle cara de consulta democrática a una decisión tomada cupularmente?

Pues te inventas una “consulta interna de un grupo de profesores, alumnos y administrativos” que desemboca en una petición a la rectoría con fecha dos de mayo y es llevada por el director de la facultad al consejo de unidad el 10 de junio para su “Aval a la propuesta de solicitud de modificación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para turnar el proyecto a los consejos por función”. ¿Proyecto, cuál? ¿Consulta? ¿Qué preguntaron? Nada de esto se sabe por supuesto porque no hay nada que saber. Simplemente es una ocurrencia de la administración central.

No puedo dejar de llamar su atención sobre el papel del doctor Luis Ochoa: lleva la “propuesta” al consejo de unidad y después ¡renuncia! ¿Por qué? ¿No tendría que haber encabezado el supuesto proyecto después de haber abogado por éste ante los consejos por función? Si ya estaba “apalabrado” su premio de ser el director designado de la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ¿para qué renunció? Al contrario, ahora habla de la “extinta” Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y se proclama director de la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para el período 2022-2026,

Pero tanto el doctor Ochoa como el dictamen votado por el consejo universitario se equivocan. No hay una “nueva” Facultad de Derecho. Los estudios del Derecho datan desde el Colegio del Espíritu Santo del siglo XVI y la Facultad de Derecho como tal tiene una existencia secular, desde que se constituye el Colegio del Estado por lo menos. Y de esta Facultad ahora se desprenden tres licenciaturas y otros programas de posgrado para constituirse en una nueva facultad.

Por eso el doctor Ochoa tenía que renunciar. Porque no podía ser designado como director de una nueva facultad siendo director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que permanece. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales prohijó estas licenciaturas y posgrados que ahora se desprenden de ella, pero ella misma permanece tal cual.

Lo que sí puede hacer el consejo de unidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es revisar su estructura y determinar si la mantiene o la modifica, para después solicitar la emisión de la convocatoria para elegir al nuevo director, pues un director designado tiene las funciones de director interino cuya única tarea es la de organizar la elección de la nueva dirección.

Así, el doctor Ochoa, como director designado, tiene que convocar a la integración del consejo de unidad de la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bajo los principios de paridad de representación establecidos en el Estatuto Orgánico y en las Normas Básicas para la Integración y Funcionamiento de los Consejos de Unidad Académica, y constituido el nuevo consejo de unidad, proceder a la elección de la autoridad personal de esa nueva Facultad.

Asimismo, los consejeros universitarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales pueden permanecer, pues fueron electos como tales, pero el universo de votantes que los eligió ya cambió. Tanto los representantes magisteriales como estudiantiles deberían renunciar para nombrar a los nuevos consejeros y terminen el período correspondiente.

Y en el caso de la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también, se tiene que emitir la convocatoria correspondiente para elegir a sus consejeros maestros y estudiantes. Hoy no tienen consejeros, puesto que la nueva comunidad no los ha elegido.

Esto es lo que dicta la lógica jurídica, pero la lógica del poder es otra, así que quién sabe qué otros malabarismos y maromas irán a dar para que los representantes queden, como los directores designados, a su gusto.

Vistas: 1579